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Anoche, cuando la reforma a la salud superó un primer obstáculo en la Cámara de Representantes (con 10 votos contra 8 fue aprobada la ponencia favorable) todos pensaban que a renglón seguido iban a aprobar el articulado a pupitrazo. Pero algo extraño ocurrió porque de un momento a otro se desbarató el quorum necesario para votarlo. Todo se dio en medio de un ambiente tenso y enrarecido, y culminó con un mensaje a las 10:45 pm, en Twitter, del presidente Gustavo Petro diciendo que “la coalición política pactada” se acaba, lo que en su momento se conoció como aplanadora, y le pide la renuncia a varios de sus ministros.
Más allá de la crisis de gabinete, y más allá de cómo se “replantee el gobierno” –según la expresión que utilizó Petro–, la verdad es que la reforma tiene por delante un camino muy difícil hacia su aprobación final: no sólo le faltan las cuatro votaciones en el Congreso, sino que en caso de ser aprobada tendrá un debate adicional, aún más difícil, en la Corte Constitucional, donde su constitucionalidad va a ser cuestionada por la terquedad del gobierno que eligió presentarlo como una ley ordinaria cuando ella, por desarrollar un derecho fundamental, debería ser tramitada como estatutaria.
Viene entonces una preocupación que crece, y ante la que todos deberíamos estar atentos: con un ambiente político adverso, con una percepción muy negativa en la opinión pública, y con una evidente imposibilidad de alinear a las bancadas de gobierno en pos de su aprobación, a la reforma a la salud le queda una vía, una alternativa, y es la negociación uno a uno de votos entre el gobierno y los congresistas.
Quedamos entonces en manos de la llamada “mermelada”, a saber, el ofrecimiento de dádivas, beneficios, cupos burocráticos, nombramientos, y todo tipo de favores a los congresistas para que orienten a favor del gobierno su intención de voto.
Más bien, se intensificaría la mermelada. Cómo olvidar, por ejemplo, la “volteada” a última hora de los representantes Gerardo Yepes (conservador) y Camilo Ávila (la U), quienes, pese a la oposición de sus partidos, y mientras todos nos íbamos para Semana Santa, firmaron la ponencia de la reforma, lo cual permitió radicarla e iniciar su trámite. Ese tipo de hechos, ese tipo de volteretas sorpresivas, son típicas del procedimiento que aquí alertamos.
Y falta más: la misteriosa visita de la ministra Corcho a Arauca, la reunión con un representante liberal allí, la curiosa votación negativa al archivo del proyecto, y las denuncias del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras sobre las entidades y la burocracia que se estarían entregando. De hecho, si no es para esto, ¿para qué les piden la renuncia a una serie de viceministros justo cuando tres partidos ratifican su oposición? Burocracia por votos es la definición de mermelada.
Por no hablar de lo ocurrido anoche, cuando, a pesar de todas las advertencias del jefe del Partido Liberal, la representante a la Cámara de Antioquia por ese partido, María Eugenia Lopera, fue la que le dio el voto definitivo al gobierno. Al menos para aprobar la ponencia. Porque cuando comenzaron a votar el articulado se quedaron sin quorum y tuvieron que suspender. Desde hace más de un mes se venía diciendo que ese era el voto al que le apuntaba el gobierno de Petro, porque Lopera es cuota del polémico Julián Bedoya, que busca a su vez el apoyo del gobierno para su candidatura a la Gobernación de Antioquia.
Lo que está ocurriendo es inaceptable: desde el caso de Yidis Medina no se veía un episodio tan evidente y vergonzoso de compra de votos o de mermelada, que es el nuevo nombre para ese fenómeno. Las bodegas que acompañan al gobierno han tratado de convencernos de que no hay nada de malo y que así funcionan las coaliciones. La congresista María Fernanda Carrascal, una de las voceras más caracterizadas del Pacto Histórico, se refirió a estos mecanismos para armar mayorías como algo normal, “Si no, no habría gobernabilidad. Es pura ciencia política” (14 de abril).
Que pena, pero no. En algún momento tenemos que decir que no. Que esto no está bien. Que es una corrupción del espíritu de la institucionalidad. Que esto corroe el sentido y la razón de tener una rama legislativa independiente. Que si un gobierno quiere pasar una reforma, lo que debe hacer es convencer a los partidos y a la opinión pública sobre sus bondades, no empezar a hablar uno a uno con los congresistas, con la abultada chequera de puestos y contratos de Palacio, tras bambalinas, y en pasillos oscuros para negociar su voto.
Un recorderis no sobra. En 2008, la Corte Suprema de Justicia condenó a Yidis Medina a ir a prisión por el delito de cohecho. Básicamente, por haber recibido del gobierno favores burocráticos a cambio de obtener su voto. Dicha representante, en criterio de la Corte, debiendo votar según su íntima convicción y consultando el bien común, lo hizo “alentada por la promesa de recibir dádivas y utilidades a cambio de condicionar su voto”.