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Hace unos días se presentaron las recomendaciones de la Misión del mercado de capitales. Esta había sido convocada por el Gobierno con el propósito de identificar obstáculos al desarrollo del mercado y formular propuestas para propiciar el financiamiento por esta vía. La idea es que esas recomendaciones sean un insumo importante para una reforma que se lleve próximamente al Congreso de la República.
Son muchas las ventajas de tener un mercado de capitales dinámico, su presencia hace que se asignen mejor los recursos en la economía. Fomenta la inversión y es un complemento del sistema bancario que también ofrece alternativas para el ahorro. Si funciona bien facilita la transmisión de la política monetaria. Sin embargo, en Colombia, el mercado de capitales es todavía poco desarrollado, lo que quiere decir que son relativamente pocos los recursos que moviliza y es eso lo que quieren cambiar el Gobierno y los agentes, impulsarlo para contar con esos instrumentos para el ahorro y la inversión.
El grupo de expertos de la misión recogió los puntos de vista de muchas personas y entidades relacionadas con el mercado. Esto es esencial, porque en este están involucrados diferentes tipos de agentes, con intereses y preocupaciones diversas. Para la política pública el reto es diseñar un tipo de regulación y de supervisión que tenga en cuenta esa realidad y esté dirigido a regular por actividades y no por instituciones. Alinear los incentivos es fundamental, en el sentido de que todos tengan espacio para desarrollarse y llevar a cabo su actividad. Y el resultado debería ser un mercado de capitales más profundo.
La misión plantea una reforma con mucho alcance. Hace 64 propuestas enmarcadas en 8 grandes temas. Con la idea de que deben ser llevadas a cabo conjuntamente, según expresó el director del grupo de expertos. Lo que de entrada puede ser una restricción. Los temas que se abordan van desde la estructura del mercado y el arreglo institucional, sobre lo cual se propone que la promoción del mercado la haga el Ministerio de Hacienda y que la Unidad de Regulación Financiera haga la regulación, mientras que la supervisión sea responsabilidad de la Superfinanciera, pasando por el manejo de activos públicos, que incluye redefinir la figura del detrimento patrimonial.
La misión trabajó también sobre los aspectos tributarios y regulatorios, y los incentivos y la regulación para que las entidades financieras y otros agentes (fondos de pensiones, aseguradoras) vayan más al mercado de capitales. Sin olvidar las propuestas para desarrollar el mercado de derivados como parte de la idea de aumentar la oferta de activos.
La preocupación es precisamente que una reforma tan profunda y completa sea viable y pueda hacerse en un plazo razonable. Hay propuestas que pueden hacerse con relativa facilidad, pero otras definitivamente no, ya que requieren cambios de ley. Se requiere, además de implementar las recomendaciones que no requieren modificación legal, preparar y tramitar una ley que consolide todos los aspectos que requiere el mercado para que por fin ofrezca alternativas a los emprendimientos y a los ahorradores; para aclarar los roles de las instituciones públicas, para eliminar las asimetrías con el mercado de crédito bancario; para que la Tesorería alimente el mercado y los fondos de inversiones cuenten con alternativas, así como las aseguradoras. Y no olvidar los aspectos tributarios que se deben corregir en una ley tributaria. Bienvenida entonces la reforma.