Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
Después del tránsito en el Congreso del proyecto de Ley de Financiamiento, en el que se llegó a pedir el retiro de la propuesta, hoy finalmente existe una nueva versión que empezará a debatirse a mediados de esta semana. Lo acaecido hasta ahora demuestra que este tipo de proyectos tan importantes requieren de una socialización previa entre las fuerzas políticas, de forma que permita llegar a acuerdos razonables que nutran las propuestas y las mejoren en beneficio de la sociedad. El desgaste que tuvo el gobierno por su forma de manejar el tema se hubiera podido reducir.
En la nueva versión, el gobierno claudicó en la búsqueda de los 14 billones de pesos que requería para algunos programas importantes incluidos en su presupuesto para 2019. Con los cambios introducidos se recaudará una suma de 7,5 billones de pesos, lo que obliga al recorte del gasto.
El ajuste que se ha hecho al proyecto se concentró en la eliminación del impuesto a las pensiones y en la cuestionada modificación del IVA, que era el rubro más importante para garantizar los ingresos que se requerían. Las alternativas que se buscaron contemplan el IVA a cervezas y gaseosas, y también un impuesto al consumo de 2 % para la venta de viviendas con valor superior a $900 millones y una tarifa de 8 % para la venta de motos con motor de cilindraje inferior a 200 centímetros cúbicos.
Para las empresas se mantuvo la idea de reducir el gravamen de renta con la idea de estimular la inversión y el crecimiento potencial. En cuanto a las personas naturales, se conservó el umbral de declaración de renta pero se agregaron dos nuevas tarifas marginales. Si el contribuyente recibe más de $40 millones mensuales, puede ser gravado con tarifas de 37 % o del 39 %.
El impuesto al patrimonio también sufrió modificaciones. Aquellos contribuyentes que tengan patrimonios superiores a $5.000 millones tendrán una tarifa de 1,5 %. También se aumentó hasta 15 % el impuesto de renta a los dividendos pagados a accionistas residentes en Colombia.
El temor con estos cambios es que se ha abandonado la idea de la reforma tributaria estructural y eso que todavía no se conoce qué pueda salir en la versión final que entregue el Congreso. Muy seguramente en dos años el efecto del nuevo estatuto tributario se diluirá y el país se verá abocado a una nueva y agotadora discusión sobre estos temas. La nueva versión contiene elementos que contribuyen a la progresividad tributaria como el impuesto a los dividendos y al patrimonio; también es un paso en la dirección correcta gravar con tarifas más altas a las personas naturales de altos ingresos.
La sensación que queda después de las primeras de cambio en el debate tributario es que, en primer lugar, no hay realmente conciencia entre los colombianos de la necesidad de pagar impuestos; en segundo lugar, que las exenciones se mantienen, sin ninguna justificación, a pesar del alto costo fiscal; la carga la sigue asumiendo el sector formal de la economía; y por último, pero no menos importante, que queda pendiente una discusión sobre el gasto público. La austeridad es obligatoria, pero conviene examinar la totalidad de los programas vigentes en cuanto a focalización en los grupos más vulnerables e incluir recursos urgentes para la salud y la educación pública.