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En la página de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) aparecen varios comunicados que suenan a chiste de mal gusto, como en el que su cuestionado exdirector, Olmedo López, anunciaba un Plan Anticorrupción, eso fue en 2023, y otro en el cual aseguraban que le iban a poner acelerador a las obras para evitar que se inunde La Mojana. Como es sabido, ni una cosa ni la otra ocurrió.
¿Qué tal el descaro? El principal implicado en uno de los mayores escándalos de corrupción de este gobierno se había asegurado de hacer un “plan anticorrupción”, y de manera paralela hacía de las suyas en una entidad que se creó hace 13 años para prevenir y atender los principales riesgos de desastre en un país en el que estos son pan de cada día.
Olmedo López, nombrado por el presidente Gustavo Petro como director de la UNGRD en abril del 2023, en menos de un año hizo fiestas con la plata que debía utilizarse para atender las emergencias provocadas por las olas invernales, los deslizamientos, terremotos, entre otros. La Mojana inundada, la Guajira con sed, y en la unidad de gestión de riesgos repartiendo la plata entre congresistas.
El escándalo que más ha llamado la atención, como ya lo hemos mencionado en estas páginas, es el contrato para la compra de 40 carrotanques para La Guajira, con millonarios sobrecostos que, al parecer, no solo fueron a engordar sus bolsillos y los de otros funcionarios, como el exsubdirector Sneyder Pinilla, sino que también habrían servido para comprar a los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado, Andrés Calle e Iván Name, a quienes les habrían dado 4.000 millones de pesos para que agilizaran la aprobación de las reformas de Petro en el Congreso.
Esta es apenas una de las irregularidades, pero pueden ser muchas más porque esta entidad, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), parece haber sido creada para que se la roben todos aquellos que tienen uñas largas porque tiene un régimen especial de contratación, y por ello no tiene la obligación de abrir licitaciones ni concursos a la hora de firmar contratos y los hace manera directa, con el argumento de que las emergencias no dan espera.
De esto se aprovechan los corruptos. De otorgar contratos de manera discrecional, al que le convenga a sus intereses, sin rendir cuentas. Tampoco hay cuentas ni se sabe qué pasa y quiénes están en el Registro Único de Damnificados, si están verdaderamente las personas afectadas, si les han entregado recursos o si, como pasa en el Sisbén, también hay muchos colados.
En ese contexto no es extraño, como se ha denunciado, que varios congresistas aprobaron con premura el cambio de una adición presupuestal de 200.000 millones que iba para la Dian y la desviaron para la UNGRD. La entidad parecía estar convirtiéndose en la caja menor de varios congresistas.
El propio presidente Gustavo Petro reconoció la corrupción en la entidad y en una alocución televisada y en varios trinos pidió a la Fiscalía investigar, uno a uno, los contratos de los últimos ocho años de la UNGRD. “Aquí está lo peor en estos años de una entidad cooptada por una corrupción estructural y profesional que nosotros debemos acabar”, dijo el mandatario quien se salió de casillas al conocer otro escándalo de posible corrupción con un contrato de 130.000 millones de pesos que firmó esa entidad para solucionar los problemas que año tras año se presentan en La Mojana, en la costa Caribe, por las inundaciones.
Olmedo López, estuvo en noviembre en esta región del país anunciando que les iba poner acelerador a las soluciones para el cierre del dique Caregato. Pero ya sabemos qué ocurrió y cómo se inundó otra vez la región y los habitantes, con el agua hasta el cuello, perdieron cultivos, ganado y viviendas. La situación que vio Petro fue tan dramática que, en un acto de contrición inusual en él, allí aceptó su “responsabilidad” por haber nombrado a Olmedo.
Si es cierto lo que dice Petro, de que la corrupción es estructural y de años atrás, dónde han estado las entidades de control que no se han dado cuenta de ello. ¿Qué han dicho la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría de lo que ha pasado en estos años con esa entidad? ¿Dónde están los sancionados?
Y sin irnos tan lejos, hablando del escándalo del momento, ¿Qué ha pasado con las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla? ¿A quién han salpicado? ¿Quién, desde el alto gobierno, dio la orden para los supuestos pagos a los presidentes de Cámara y Senado? ¿Por qué estos no se han apartado de los cargos?
De parte del Gobierno, también se esperaría que haga una intervención a fondo en la UNGRD, no es posible que siga funcionando como si nada, que no se haga una depuración de fondo y que no se revisen sus manuales de contratación.
Algo debe hacer el Gobierno para que la entidad sea de prevención de desastres y no, como ahora, protagonista de los desastres.