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Recientemente se ha dado una discusión, especialmente jurídica, alrededor del contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la dotación de internet a escuelas y colegios públicos en las zonas rurales dispersas del país. La información noticiosa se ha enfocado en los temas legales y en revelaciones periodísticas sobre posibles hechos de corrupción. Sin embargo, se ha dejado de lado el tema central, que debería ser de especial preocupación, pues los niños, niñas y jóvenes de las escuelas y colegios que iban a ser beneficiarias del proyecto ya no van a tener internet o un internet de mejor calidad.
¡Qué poco nos preocupa la educación como sociedad! Qué poca atención nos merece lo rural, y qué poca solidaridad para superar una de las brechas enormes del país en condiciones de vida y acceso a los servicios públicos entre habitantes de las zonas urbanas y las rurales.
Hace un par de décadas se realizó un estudio internacional acerca de los factores que más determinaban las diferencias en la calidad de la educación en un grupo de países de alto desarrollo. Uno de los resultados destacables era la importancia de la valoración que como sociedad se le otorga a la educación; es decir, países con esa gran valoración social tenían mucha más calidad y mejor desempeño en su sistema educativo. Este caso que nos ocupa quizás es una muestra del poco aprecio por la educación para las zonas rurales.
La importancia de tener en consideración el impacto del retraso o cancelación del proyecto de conectividad para escuelas y colegios rurales es evidente al observar estas preocupantes cifras: según la investigación de educación formal (EDUC) del Dane, realizada en 2020, había 35.359 sedes oficiales ubicadas en zonas rurales, de las cuales 5.118 tenían conexión a internet, cifra que representa el 14,5 %. Los porcentajes más bajos de acceso y conexión a Internet están en Amazonas (5,5 %), Caquetá (3,6 %), La Guajira (4,3 %) y Norte de Santander (4,9 %). Estas cifras hablan por sí solas.
Lo anterior muestra la necesidad de realizar ese proyecto mediante alternativas oportunas y eficaces, estrictamente en el marco de la ley y el debido proceso. Quizás pareciera existir, o podría explorarse, una posible urgencia manifiesta; lo que no puede pasar es que los niños y jóvenes de las zonas rurales, afectados por las circunstancias que rodean el proyecto de Mintic, vuelvan a sus establecimientos escolares y se encuentren que regresaron a una institución con conectividad restringida o sin conectividad alguna, después de un año largo de pandemia, en el cual no asistieron presencialmente y tuvieron limitaciones para acceder a la virtualidad. Mientras la pandemia forzó al mundo a una aceleración de la virtualidad, a ampliar el acceso a plataformas digitales abiertas, para el campo colombiano eso no pareciera posible y más bien se regresa al pasado.
La Misión de Sabios convocada por el presidente Duque afirmó “El sistema educativo tiene que prepararse en todos sus niveles para un mundo en el que se anticipa que, hacia 2030, un porcentaje muy alto de las ocupaciones que tendrán los humanos no han sido inventadas todavía. Esto hace necesario el advenimiento del “aprendizaje instantáneo” y el desarrollo de capacidades en las personas para acceder a ese tipo de aprendizaje”. Sin internet esto no será posible y se estará condenando a las poblaciones rurales a continuar en el atraso
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