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Colombia se está sacudiendo a un ritmo que da vértigo. Estamos viviendo en una suerte de temblores de tierra con los anuncios del Gobierno Nacional: cuando apenas acaba de pasar uno y aún se sienten las réplicas del primero, llega el segundo y así se van encadenando, uno tras otro, hasta convertirse en uno solo.
Esa avalancha de noticias y polémicas está haciendo difícil detenernos a revisar casos de enorme importancia para Medellín y Antioquia como es el de la licitación de Hidroituango. Ya están a punto de anunciar si un consorcio chino-colombiano se queda con el contrato para construir la fase final de la hidroeléctrica o no, y en la ciudad aún no hemos tenido tiempo de entender la dimensión de lo que viene.
La licitación, como se recordará, se había convertido en un encarte para EPM. La fecha de cierre se tuvo que modificar cinco veces el año pasado. El plazo definitivo se venció el 7 de diciembre y ese día supimos que finalmente solo se apuntó un consorcio conformado por dos firmas estatales chinas, Yellow River y Power China Internacional, y una colombiana, Schrader Camargo. El consorcio, casi dos meses después de haber entregado su oferta por aproximadamente 1 billón de pesos, está pendiente de que EPM le otorgue la licitación.
El hecho de ser un único oferente ha dejado un mal sabor. En esta o en cualquier obra el ideal es que se apunte más de un interesado para garantizar una sana competencia y la mínima trasparencia. Y en este caso se hacía más crucial considerando que desde 2020 el Sindicato de Profesionales de EPM (Sinpro) ya había prendido las alarmas y había advertido que el verdadero propósito del alcalde Daniel Quintero con los ataques contra el consorcio que estaba construyendo en ese entonces Hidroituango era sacarlo del camino para entregarle el contrato de la megaobra a una firma china.
¿Por qué estaría interesada la administración Quintero, desde el primer día que llegó, en cambiar los contratistas? El alcalde ha insistido en que había de por medio corrupción, pero la Contraloría General que hizo una investigación a fondo de las cuentas no encontró nada al respecto. Y por el contrario, ya hay varios indicios que sugieren irregularidades en el proceso que se ha surtido para la nueva contratación, que es preciso decir, aún no se ha concretado.
Es preocupante, por ejemplo, que las otras ocho firmas que habían comprado pliegos de licitación y habían separado su cupo para participar finalmente no lo hicieron. Entre otras cosas porque la monumental obra no tenía seguro a todo riesgo y las aseguradores más serias del mundo dijeron no estar interesadas en asegurarla de nuevo. Un dato que no es menor teniendo en cuenta la grave contingencia que se presentó en 2018.
Otra gran preocupación es que EPM, en una movida insólita, aceptó cambiar varios requisitos del pliego de la licitación por solicitud de Yellow River, una de las firmas chinas del consorcio. La compañía pidió estos cambios con el argumento, entre otros, de que toda la experiencia requerida la tiene ella y que no había podido dar con el socio colombiano que quisiera participar en Hidroituango y cumpliera los requisitos. Que si por favor le quitaban condiciones. Y EPM así lo hizo.
No sobra decir que en las licitaciones no es normal que alguien pida un cambio y se lo concedan. Lo que suele pasar es que si no logran cumplir los requisitos no participan, porque de lo contrario estaríamos ante la figura conocida como ‘pliego sastre’, hecho a la medida de un contratista en particular, lo cual está demostrado que tiene vínculos con la corrupción.
Y como si todas estas irregularidades fueran pocas, esta semana el periódico The Wall Street Journal publicó una investigación sobre las fallas que han tenido las firmas chinas en construcción de hidroeléctricas en el mundo. El prestigioso diario económico presenta cuatro casos, uno en Ecuador, otro en Uruguay y dos en Uganda, en los cuales se exponen desde averías y decenas de miles de fisuras en las infraestructuras, hasta situaciones que han obligado a dar menos energía de la prevista.
No hay que perder de vista el grado de penetración que tiene la corrupción en China. A finales del año pasado el propio Partido Comunista anunció que más de 5 millones de sus miembros han sido investigados por esto en los últimos 10 años y que 207.000 funcionarios han recibido algún tipo de castigo desde que el actual líder Xi Jinping asumió el cargo. La corrupción se había tomado de tal manera el aparato del Estado que combatirla se convirtió en el eslogan ganador para Xi Jinping.
Las dos empresas del consorcio que quiere terminar de construir la hidroeléctrica de Ituango son del Estado chino. .