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El pasado martes 7 de septiembre entró en vigencia la ley aprobada por la Asamblea Nacional de El Salvador que determina que el Bitcoin, la más popular de las criptomonedas, pueda ser utilizado en cualquier transacción doméstica. Con esto, el país más pequeño de América Central, con tan solo seis millones y medio de habitantes, es el primero en dar curso legal a una moneda virtual, que va a circular al mismo tiempo con el dólar estadounidense, la moneda “nacional” desde 2001.
Una apuesta atrevida del presidente Nayib Bukele, quien ha argumentado que el propósito de la adopción de la moneda virtual es modernizar la enclenque economía de El Salvador. El gobierno espera que con esa iniciativa las remesas sean menos caras para las familias que dependen fuertemente de ellas. En el exterior, sobre todo en Estados Unidos, viven tres millones de salvadoreños que envían dinero a sus familias, en un monto que representa un 22 % de la economía del país. Transferencias que son fuertemente penalizadas por las comisiones que cobran los bancos y que se espera desaparezcan si el uso del bitcoin se generaliza.
Bukele se está jugando su capital político con el Bitcoin, de hecho, desde su anuncio hace tres meses empezó una fuerte resistencia a la iniciativa, algo inédito para un mandatario que ha mantenido altísimos niveles de popularidad. A la incertidumbre acerca de cómo iba a operar el nuevo sistema en la práctica, se sumó que el valor de la unidad de Bitcoin se disparó en 32 % en tres meses, y pasó de valer US$35.500 a US$47.000, antes del ingreso a El Salvador. Un comportamiento típico de una burbuja especulativa que, si explota, como parece sucedió la semana pasada, produce grandes pérdidas a quienes poseen el activo.
Esa potencial de afectar la estabilidad macroeconómica, que acarrea la adopción extendida de las criptomonedas, es la razón de su rechazo por parte de los bancos centrales y el FMI. Si los precios de los bienes y servicios se fijan en las dos monedas, los hogares y negocios gastarán una buena parte de su tiempo en escoger cuál de ellas van a conservar para obtener beneficios y no emprenderán actividades productivas.
En el caso particular de El Salvador, tener el dólar como moneda nacional le hizo perder su política monetaria, pero le transfirió el benefició de la credibilidad de la Reserva Federal y de su comportamiento frente al ciclo económico. En contraste, con el Bitcoin se introduce inestabilidad en el sistema de precios, sin que haya posibilidad de que el Banco Central reaccione frente a eso. En efecto, si todos los precios de bienes importados y de los servicios se fijan en Bitcoin, podría incrementarse su volatilidad, de acuerdo con los caprichos del mercado que rodean el valor de los criptoactivos.
Sin olvidar los riesgos para la integridad financiera de los países, en especial de aquellos con un desarrollo precario de la supervisión, porque el anonimato inherente a las criptomonedas les da el potencial para ser vehículos del lavado de dinero de actividades ilícitas, así como para financiar el terrorismo y evadir impuestos.
Así las cosas, hay un gran escepticismo acerca del experimento que está haciendo El Salvador. En todo caso, resulta apremiante, ante la creciente popularidad de las criptomonedas, la necesidad de regularlas, como afirmó recientemente el gerente del Banco de la República, en un esfuerzo que debe ser necesariamente global