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La búsqueda de una salida negociada al conflicto armado interno con las guerrillas -y las bandas criminales de por medio- no puede inhibir al Estado ni al Gobierno ni a sus Fuerzas Armadas de proteger a la población civil en el territorio colombiano.
El impacto de los ataques y del terrorismo de grupos armados ilegales como las Farc, el Eln y “los Urabeños” (o banda de “los Úsuga”) es perceptible en los balances sobre la situación humanitaria del país en 2014; es decir, hasta hace apenas dos meses y medio.
Y como es cierto que la negociación en La Habana no ha culminado, y por tanto los efectos del conflicto sobre los ciudadanos continúan, son palpables entonces el sufrimiento y la destrucción que causan especialmente las acciones de las Farc -el actor delincuencial más dañino- en las comunidades.
El procurador Alejandro Ordóñez denunció esta semana que sigue recibiendo numerosas quejas de alcaldes y personeros respecto del acoso y la violencia que ejercen esa guerrilla y los demás actores ilegales de la confrontación. Aunque se supone que las Farc decretaron una tregua unilateral desde diciembre pasado.
Por eso, aclarando que un reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) describe los efectos del conflicto en 2014, cuando no regía la suspensión de hostilidades por parte de las Farc, sí queremos observar que Colombia está lejos de ser un país idílico, en total vigencia del respeto a la población civil y los derechos humanos, y que la convivencia y la paz siguen amenazadas por agentes ilegales como las Farc.
Por eso molestó tanto a un amplio sector de la opinión pública que esta semana que culminó el presidente Juan Manuel Santos decretara la suspensión de los bombardeos contra los campamentos de las Farc. Ojalá que la medida tenga efectos reales de desescalamiento del conflicto armado en el próximo mes, porque de lo contrario será imperioso reactivar la persecución aérea contra esa guerrilla.
Es que si nos atenemos a las palabras del jefe de la delegación del Cicr en Colombia, Christoph Harnisch, en cuanto a que “las amenazas, las desapariciones, la presencia de artefactos explosivos y la violencia sexual siguen”, entonces es claro que el Estado no puede renunciar al mandato constitucional que tiene de proteger a los ciudadanos, y que debe ejercer mediante sus Fuerzas Armadas, legítimas y aceptadas por quienes votamos, pagamos impuestos y reconocemos la existencia de nuestro Estado Social de Derecho.
Lejos están las Farc, y los demás actores armados ilegales, de su pretendido “respeto por el pueblo”. El sufrimiento registrado en estadísticas y testimonios del reciente informe del Cicr nos obliga a seguir reclamando persistencia en la solución negociada del conflicto, pero también firmeza para combatir a quienes causan tantas pérdidas a la sociedad colombiana.
Citamos estas líneas del informe de aquel organismo, reputado por su imparcialidad e independencia: “Nos mantenemos junto a quienes sufren el conflicto armado y otras situaciones de violencia (...) Las problemáticas humanitarias, como la desaparición o la contaminación por armas, persistirán incluso tras un eventual acuerdo de paz”.
La bandera no puede ser el pesimismo. Pero el Estado y el Gobierno no pueden cruzarse de brazos frente a la protección de la comunidad, porque es cierto: “nada está negociado, hasta que todo esté negociado”. Y mientras tanto, las Farc seguirán por fuera de la ley, muy de seguro, causando estragos, violencia y muerte.