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Padres de familia del municipio de Ponedera, Atlántico, bloquean la vía oriental por la mala infraestructura de un colegio. Un grupo de campesinos paralizó el sector de la Lizama, en Santander, por problemas de inseguridad. En un sector de la ruta del Sol un grupo de personas cerró la vía cerca de Barrancabermeja como medida de presión para que le revoquen la licencia a una mina de carbón. En Antioquia se están multiplicando los bloqueos: en Sopetrán, en Barbosa, en San Cristóbal, en el Bajo Cauca, son apenas algunos de los más recientes.
En Meta, las empresas de hidrocarburos que operan en Puerto Gaitán denunciaron los graves impactos del cierre de más de 10 días de la vía que comunica a Rubiales, lo que ha obstaculizado no solo el paso de crudo sino de alimentos. Más de 5.000 trabajadores de estas compañías se están viendo afectados, así como la producción de 50.000 barriles diarios de combustible y la carga de las refinerías de Barrancabermeja. La comunidad dice que no levantará la protesta hasta que le pavimenten la carretera y hablen con el presidente Gustavo Petro o la vicepresidenta Francia Márquez.
No hay día en que no se presenten estas y muchas otras noticias sobre la parálisis de carreteras y vías del país, lo que ocasiona graves traumatismos. En Colombia se volvió costumbre que se proteste por cualquier motivo y unos pocos se creen con patente de corso para cerrarle el paso a la gente, mientras que las autoridades parecen incapaces de controlar estos hechos.
El tema se ha vuelto tan crítico que en solo enero de este año se presentaron 81 bloqueos y paros, hecho que llevó a la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) a pedirle al Gobierno adoptar medidas de urgencia, aplicar protocolos y los recursos de ley para evitar mayores afectaciones. A esta situación se suma la parálisis de la vía Panamericana por un derrumbe que completó un mes y que tiene incomunicado el suroccidente con el centro del país. En Nariño han desaparecido 50.000 empleos y las pérdidas económicas superan $1,6 billones.
El departamento más afectado por los bloqueos es Santander, con 19, seguido de La Guajira con 18. En Santander, uno de los principales productores de pollo y huevo del país, las protestas llevaron a un desabastecimiento de gasolina en Barrancabermeja, el principal puerto petrolero. En el departamento estuvieron bloqueadas las vías entre Bucaramanga-San Gil, Bucaramanga-Barrancabermeja, Curos-Málaga, entre otras. En La Guajira las comunidades indígenas protestan periódicamente por la desnutrición de los niños y la falta de agua potable.
Los paros permanentes y el pésimo estado de la Ruta del Sol llevó a Analdex, el gremio de los exportadores, a lanzar un llamado de auxilio al Gobierno ante las dificultades para llevar las mercancías hacia los puertos del Caribe.
Las grandes ciudades no son ajenas a estos hechos. En Bogotá, estudiantes de la Universidad Distrital causan un caos vial casi todos los días al bloquear las principales avenidas de la ciudad con cualquier motivo, obligando a miles de ciudadanos a desplazarse a pie.
Los habitantes de muchas zonas olvidadas recurren a las vías de hecho para llamar la atención de las autoridades. Como este procedimiento parece darles resultados, los bloqueos de vías se han convertido en el pan de cada día. Pero se han incrementado en este Gobierno que, aunque no apoya los bloqueos, sí defiende el derecho a la protesta, a tal punto que el presidente está llamando masivamente a los ciudadanos a salir a defender en las calles el paquete de reformas que radicará en el Congreso.
Si bien, los habitantes de una región o municipio olvidado tienen derecho a expresar su malestar por situaciones que pueden afectar su calidad de vida, su inconformismo no tiene por qué afectar a millones de colombianos que se ven afectados por problemas de movilización y mayor costo de vida ante el incremento de los fletes que pagan los transportadores. Según Colfecar y Fedetranscarga el costo de los fletes en algunos casos ha subido más del 300%, afectando el precio de los alimentos. Esta situación está avivando la inflación, que se ha convertido en uno de los principales problemas económicos del país.
Ante este panorama, en lugar de casar peleas y abrir discusiones en varios frentes, el ministro de Transporte, junto con las entidades del sector, deben comprometerse a fondo para solucionar los problemas en las carreteras y mejorar la infraestructura, un tema que no puede pasar de agache, porque de ello depende no solo la competitividad del país, sino también la subsistencia de millones de personas. Las autoridades locales tampoco pueden ser inferiores a sus responsabilidades y deben hacer presencia y evitar estas actuaciones o buscarles solución lo más pronto posible.
Todos tienen que entender que el interés general prima sobre el particular y que las vías de Colombia no se pueden volver tierra de nadie .