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Comenzando el mes, el 8 de marzo, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por las comunidades que en Colombia se están teniendo que desplazar forzosamente de sus zonas de residencia o habitación, acosados, amenazados, violentados por toda clase de grupos criminales armados. En un llamado al Gobierno Nacional, decía la Defensoría que “en lo que va corrido del año se han presentado en el país cuatro hechos de desplazamiento masivo por semana, lo que ha llevado a una situación de revictimización de la población campesina y étnica”.
Los datos hasta esa fecha arrojaban 16 eventos de desplazamiento masivo intraurbano y 14 eventos de desplazamiento masivo rural, que afectaron a 4.062 familias (11.150 personas), de las cuales el 90 % son de comunidades étnicas del Pacífico colombiano. Y a situaciones de confinamiento, no por la pandemia del Covid sino por la de los grupos violentos dispuestos a cualquier cosa por asegurar el copamiento y control de territorios, fueron forzadas 40 comunidades en Chocó, Cauca y la costa de Nariño.
La Defensoría lleva un registro de hechos criminales que, según su alerta “aterrorizan a la población con homicidios selectivos, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, amenazas y señalamientos y, en general, prácticas de sometimiento y control poblacional”. Los grupos generadores de violencia y zozobra son, entre otros, las facciones disidentes de las Farc (frentes 36 y 18), el Eln, el Bloque Virgilio Peralta Arenas (‘Caparros’) y grupos de crimen organizado en el Occidente y Suroeste antioqueños, Bajo Cauca, Sur de Córdoba.
Detrás de todo, el narcotráfico. Todos estos grupos se enfrentan “por las zonas de cultivo, procesamiento y comercialización de droga, así como la captación ilícita de rentas provenientes de la minería ilegal y trata de personas, entre otras”.
Y en los últimos días, las situaciones de desplazamiento forzado se agravan en Arauca, por la situación de combates en la frontera de Venezuela con Colombia, y en el Cauca. En el primer caso, se habla de cerca de cinco mil personas que han llegado al lado colombiano buscando resguardarse de unos combates cuyo alcance es impreciso, y en el Cauca, se cifran en dos mil las personas que han tenido que llegar al casco urbano del municipio de Argelia huyendo de los embates armados entre grupos en los que se han visto afectadas unas 6.000 personas, víctimas de ataques con armas convencionales y no convencionales.
En el caso de la frontera con Venezuela, ayer el ministro de Defensa, Diego Molano, fue explícito en acusar a la dictadura de Maduro de estar protegiendo a las disidencias de alias “Iván Márquez”, “Jesús Santrich”, “el Paisa”, “Romaña” y demás facciones que estarían en pugna con otro grupúsculo que es al que estarían repeliendo las fuerzas armadas del régimen. Maduro y su jefe militar, Vladimir Padrino, escalan la agresividad verbal contra el Gobierno colombiano acusándolo de lo que precisamente ellos están urdiendo: los favores a “Márquez” serán una carambola a tres bandas para propiciar ataques a Colombia de imprevisibles consecuencias.
Arauca hubo de ser declarada en estado de calamidad para atender el flujo de venezolanos y colombianos que buscan protección. Allí, con la ayuda y asesoría de organizaciones internacionales como Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), deben adelantarse las acciones humanitarias de emergencia. Igual en el Cauca, donde en forma paralela a las acciones de la Fuerza Pública que deben ejecutarse con prontitud y eficacia, debe resguardarse la integridad de la población civil y asegurarles su regreso a los hogares y los medios de subsistencia