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La propuesta que hizo pública Fedesarrollo la semana pasada (Reformas para una Colombia post-covid-19: hacia un nuevo contrato social), lleva implícito un mensaje de urgencia. Con la pandemia Colombia llegó a una encrucijada y el centro de pensamiento así lo entiende. De acuerdo con esa visión técnica, hay que actuar rápidamente porque la situación lo amerita, aunque puede ser que el tiempo político sea otro y hacer cambios de fondo no parezca viable en un año preelectoral. Es necesario dar un viraje en la política económica y social para evitar que se profundice la desigualdad en Colombia, que ya es una de las más elevadas del mundo.
La propuesta, y esa es su principal característica, integra las reformas de las políticas social, laboral, pensional y tributaria, con el propósito de atacar los problemas económicos y sociales que deja la pandemia: un elevado desempleo (17 %), un decrecimiento del PIB (-6,8 %) sin parangón en la historia económica reciente, y cerca de 3 millones de personas adicionales en condición de pobreza. Sumados a asuntos estructurales como la deficiente focalización del gasto público social, la informalidad laboral del 60 %, un estatuto tributario lleno de exenciones y con bajo recaudo, y una cobertura pensional del 25 %.
Hay que aclarar que cada problema tiene su solución, lo que significa que cada objetivo tiene su instrumento para evitar caer en la situación de tener múltiples objetivos con un solo instrumento, que erosione las políticas.
De esa forma, la deficiente focalización del gasto público se corrige fusionando los programas sociales existentes, para construir un nuevo programa monetario. El resultado sería una renta mínima focalizada de monto fijo para los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, con los recursos de los programas Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Así mismo se crearía un seguro de desempleo y se garantizaría la cobertura total de los subsidios a la tercera edad.
Para combatir el flagelo de la informalidad se persiste en la reducción de las cargas laborales. La idea es aliviar las contribuciones y aportes de las empresas para que estas puedan generar empleo, una receta que mostró su eficacia cuando se hicieron las primeras reformas en esa dirección en la década pasada.
Para apoyar los cambios en la política social y la reactivación se requiere mejorar las finanzas del Estado. Urge revisar los incentivos tributarios empresariales sectoriales, ampliar la base de personas que declaran impuesto de renta y establecer gradualmente una tarifa de 8 por ciento de IVA sobre bienes que hoy están exentos o excluidos, aumentando eso sí en valor y cobertura las devoluciones de IVA para las personas más pobres.
La reforma pensional está basada en tres pilares: el primer pilar gratuito y de cobertura universal de beneficios para los más desfavorecidos; un segundo pilar no obligatorio para las empresas inscritas en el Régimen Simple de Tributación. El resto de las empresas aportará por lo menos lo mismo que el trabajador a programas de ahorro que complementarán el auxilio del Estado en el primer pilar universal. Finalmente, se constituiría un tercer pilar de ahorro voluntario individual, como el que existe actualmente.
Se trata de propuestas audaces para construir un nuevo contrato social para la Colombia post-covid-19. Con los cambios se salvaguardaría a los hogares de los riesgos de pobreza, desempleo, enfermedad y desprotección en la vejez. Ojalá despierten el interés general, porque las reformas son apremiantes