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La política de recompensas es un recurso que tiene el Estado para perseguir las organizaciones criminales. Si bien en el pasado ha dado resultados con algunos grupos y dinámicas delincuenciales, en otros casos no se ha logrado el objetivo. El presidente Ernesto Samper Pizano, durante su mandato, ofreció grandes recompensas para tratar de desmantelar el Coce del Eln, eso fue hace 24 años, y esos personajes continúan delinquiendo.
Válida su efectividad en el desmantelamiento de los grandes capos, como los del cartel del Valle, aunque en esta operación hubo una fuerte labor de inteligencia, fue clave la participación de la gente con su información.
Cosa diferente sucede en ámbitos microcomunitarios, como los barrios, donde los delincuentes inspiran gran temor entre los habitantes y la gente puede creer que hay connivencia entre algunas autoridades y los combos, además dudan de la protección de los testigos. En estos espacios hay que tener máximo cuidado con la información que se recibe y la persona sobre la que recae la investigación. Se puede señalar a un vecino que no le gusta a alguien, acusándolo de delincuente. Para este tipo de procesos debe privilegiarse la inteligencia policial, que es efectiva, tiene experiencia y recursos para actuar.
