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En occidente, las relaciones de poder entre los órganos superiores del Estado, originan dos formas de gobierno: El parlamentario y el presidencialista. El primero, se presenta fundamentalmente en los Estados europeos y se caracteriza porque la jefatura del Estado se ejerce por un monarca o un presidente, mientras que la dirección del gobierno y la administración está en cabeza de un primer ministro. Esta separación de roles, más el hecho de que el gobierno normalmente lo asume una persona salida del interior del parlamento, hacen que la principal función de esta corporación, sea el ejercicio del control político sobre el primer ministro, quien a su vez tiene la facultad de disolver el parlamento y llamar a elecciones cuando las circunstancias políticas lo exijan, creando con ello un saludable sistema de equilibrio de poderes.
Por el contrario, en el sistema presidencialista, el presidente de la república es al mismo tiempo jefe del Estado, del gobierno y de la administración. Este sistema, cuya fuente principal se encuentra en la constitución de los Estados Unidos, exige que el primer mandatario sea una persona de altas cualidades humanas y profesionales, pues no solo es el titular del poder central del Estado, sino que de alguna manera ejerce una hegemonía política sobre las demás instituciones, especialmente el legislativo, de manera que los mecanismos de control sobre su gestión por parte de otros órganos es muy débil y en todo caso inferior al que se presenta en el sistema parlamentario, a tal punto, que la principal labor del congreso, no consiste en ejercer funciones de control, sino, expedir las leyes que el mandatario requiera para sus fines de mando, tarea que se le facilita si se tiene en cuenta que lo normal, dentro del esquema presidencialista, es que no operen de manera adecuada los mecanismos de oposición y control.
Por otra parte, en regímenes jurídico-políticos altamente contaminados por intenciones caudillistas y una marcada tendencia a las prácticas de corrupción, es relativamente sencillo que el modelo presidencialista degenere en un abusivo presidencialismo, antesala para una futura dictadura. La marcada tendencia de partidos y movimientos políticos por congraciarse y apoyar los anhelos caudillistas del presidente de turno, hacen que poco a poco, de manera progresiva, en forma inconstitucional o mediante interpretaciones y aplicaciones amañadas del Texto Superior, se incrementen los poderes del ejecutivo, contando para ello con el beneplácito, más o menos explícito, de las demás instituciones, como las fuerzas militares y de policía, el ministerio público, la contraloría y los órganos de la administración de justicia.
Uno de esos instrumentos es el otorgamiento por parte del congreso, de facultades extraordinarias al ejecutivo. El presidente Petro, a través de leyes ya aprobadas y proyectos en curso, lograría que el congreso le otorgue 23 facultades extraordinarias, las suficientes para asumir funciones de ejecutivo y legislativo, y cumplir la etapa previa y necesaria para convertirse en dictador, con la complacencia o imposibilidad de control por parte de los órganos judiciales competentes
