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Quedaron claras las razones que condujeron a la Corte Constitucional a declarar inexequible la llamada Ley de Financiamiento, aprobada por el Congreso en 2018. Sin entrar a buscar responsables sobre los vicios de procedimiento, lo importante ahora es que la Corte, en su sabiduría jurídica, dio como plazo lo que resta de este año para solucionar la coyuntura que se deriva de este fallo y evitar con ello los impactos negativos que traería al país, a partir de 2020.
Resulta entonces urgente agilizar, en los dos meses que quedan de esta legislatura, los procesos de radicación, debate y aprobación del mismo proyecto que salió del Congreso a finales del año pasado. A ello deben dedicar todo su esfuerzo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y su equipo, así como los congresistas de las comisiones económicas de Cámara y Senado.
Como han señalado en los últimos días voces expertas desde gremios, tanques de pensamiento, academia, sector privado y el mismo Gobierno: esta ley, en términos generales, ha sido buena para estimular la inversión privada, mejorar la competitividad, avanzar en formalización tributaria, combatir la evasión, fortalecer la institucionalidad de la Dian y, por tanto, para el crecimiento del país, la generación de más empleo y el bienestar de los colombianos.
En ese sentido, confiamos que en esta oportunidad el Congreso tramitará con el debido procedimiento la reforma tributaria que encarna esta Ley de Financiamiento, entendiendo la celeridad y la responsabilidad con la que se debe asumir este momento. En todo caso, es oportuno alertar los riesgos que pueden surgir durante el proceso de aprobación, como el hecho de que surjan proposiciones que, en las actuales circunstancias, en nada contribuirían a la estabilidad jurídica por la que tanto ha abogado el empresariado colombiano.
Hemos escuchado en los últimos días propuestas y enmendaduras, algunas quizá con intenciones de mejora, pero otras, sin duda, impulsadas más por oportunismos políticos o intereses particulares. También surgen interpretaciones que pronostican escenarios más adversos. Todo esto resulta innecesario, pues apreciamos que los mercados y las calificadoras de riesgo han sabido dar un compás de espera a la respuesta del Gobierno -y del Congreso mismo- frente al fallo de la Corte.
Desde luego, hay que entender que no todos los sectores quedaron satisfechos con lo aprobado en la Ley de Financiamiento. Pero llegó el momento de calmar las pasiones y anteponer los objetivos comunes, para que se vuelva a aprobar una ley que, en su momento, se debatió y contó con las mayorías. Este sería el mejor mensaje para el mundo sobre la fortaleza institucional y los esfuerzos del país por ofrecer seguridad jurídica a la inversión privada.
Seguramente, muchas cosas más se pueden proponer para modificar el Estatuto Tributario. Sin embargo, en este momento, cualquier iniciativa diferente a la ley aprobada en 2018, puede resultar contraproducente y con un efecto negativo difícil de calcular en términos fiscales, económicos e, incluso, sociales. De ahí que, a la mayor brevedad posible, hay que aprobar, sin enmendaduras, el proyecto de ley que sea radicado por el Gobierno y que, ya se dijo, sería idéntico al actual. ¡Es momento de actuar con responsabilidad!.
* Presidente del Consejo Directivo de Proantioquia.
