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Creeríamos que una de las pocas ventajas de tener un “empresario exitoso” como alcalde es su habilidad para generar utilidades. La realidad es que el adjetivo otorgado por su esposa, Diana Osorio, solo se refleja en el sospechoso aumento de su patrimonio, no en el desempeño financiero de las empresas que del conglomerado público o en sus decisiones como Presidente de la Junta Directiva de EPM.
Quintero aumentó las Vicepresidencias y causó la renuncia masiva de su Junta Directiva al demandar al consorcio constructor de Hidroituango sin su autorización, medida que causó un sinnúmero de desastres para el proyecto: el BID se pronunció frente a la violación del Gobierno Corporativo, la firma de riesgos Fitch Ratings disminuyó su calificación considerando que la intervención del dueño afectaba la empresa, y además olvidó agregar en su discurso de redentor la imposibilidad de adquirir una póliza Todo Riesgo desde marzo de 2021.
La justificación para la no adquisición del seguro se reduce al “contexto político” y la “sensibilidad del mercado asegurador y reasegurador”. El contexto político es un mandatario que afirma que Hidroituango es “el símbolo del fracaso del capitalismo del Siglo XXI”, “el mayor caso de corrupción en la historia de Antioquia”, “el atentado ambiental más grande”, y el mercado sensible es una consecuencia lógica. Si el presidente de la Junta Directiva no solo afirma, sino que demanda por la existencia de corrupción en el proyecto, ¿quién se atrevería a asegurarlo? El resultado es que la hidroeléctrica se encuentra a la deriva porque no hay un contratista que cumpla con el pliego de condiciones para finalizar el proyecto, incluyendo la obligatoriedad de adquirir el aseguramiento Todo Riesgo.
Solo un visionario deduciría que el deterioro de la imagen favorable de EPM – según Medellín Cómo Vamos, pasó de una favorabilidad de 90% en el año 2019 a 72% en el año 2022– y la incertidumbre frente al proyecto más ambicioso, es el panorama perfecto para afectar sus ingresos mediante la congelación de tarifas y solicitar el aumento de transferencias extraordinarias para adicionar al presupuesto de 2023.
La justificación para congelar la tarifa de la energía es “pensar en la gente” y que “EPM se encuentra en su mejor momento”. Una ironía teniendo en cuenta que no le importó la economía de los ciudadanos cuando las tarifas aumentaron en un 54% durante su administración y el momento para reducirlas no fue pandemia, sino época electoral. Además, la empresa no está en su mejor momento para dejar de percibir $400.000 millones sin tener un contratista para finalizar Hidroituango y con una reducción de aproximadamente $200.000 millones en sus utilidades.
Resulta extraño que con un presupuesto de $7,3 billones y unas vigencias futuras aprobadas desde 2020 por $3,1 billones, la Alcaldía de Medellín requiera $330.000 millones adicionales para cumplir su Plan de Desarrollo.
Es evidente que Daniel Quintero no piensa como presidente de la Junta Directiva de EPM, sino como un politiquero – que utiliza la necesidad que creó para vender su solución en año electoral, obteniendo como resultado la compra de simpatizantes porque por convicción no pudo – y un corrupto – que no es querido en su ciudad y se ve obligado a seguir cumpliendo su único indicador exitoso: incremento de su capital –. La que solía ser nuestra empresa, presta los servicios de energía, gas, agua y, para el alcalde, tiquetes de huida.
