Para aquellos que no desean sentarse sin nada que hacer durante la crisis del coronavirus, hay algo que pueden hacer. Es muy probable que pueda salvar una vida sacando a alguien de la cárcel.
Se está desarrollando una catástrofe humana dentro de los centros de detención de Estados Unidos. A medida que el virus sigue propagándose, 2,3 millones de presos y 400.000 oficiales de correccionales (y ni hablar de sus familias) viven y trabajan unos junto a otros, vulnerables a este flagelo altamente contagioso, mal abastecidos con equipo de protección e incapaces de practicar distanciamiento social. Lo más probable es que el aumento de las infecciones es apenas el comienzo.
“La propagación dentro de las cárceles será rápida y masiva, particularmente en áreas con acceso limitado a instalaciones de atención médica desde Louisiana hasta California y Nueva York”, dijo Pilar Weiss, directora y fundadora de la Red Nacional de Fondos de Fianzas, una organización paraguas que asigna dinero a fondos de fianzas locales en todo el país. “Estamos literalmente creando cajas de la muerte”.
En todo el país, decenas de fondos de fianzas locales y organizaciones comunitarias están tratando frenéticamente de recaudar dinero para asegurar la liberación de las personas en la cárcel y centros de detención de inmigrantes. Estas personas no han sido condenadas por un delito y generalmente están encarceladas mientras esperan un juicio, demasiado pobres para pagar la fianza para garantizar su liberación temporal. Las personas liberadas después de un arresto regresan abrumadoramente a los tribunales, según cifras recientes de la Agencia de Justicia Criminal de la Ciudad de Nueva York. El 86 % se presentó a la corte en su fecha programada y, cuando se ajustó para dar a las personas un mes para aclarar voluntariamente su fecha de corte perdida, apareció el 93 %.
Las cárceles locales, donde las personas no condenadas por un crimen esperan su cita en la corte, son lugares fértiles para la enfermedad. Más de 200.000 personas entran y salen de las cárceles locales cada semana. “La rotación de personas que entran y salen amenazan con acelerar la propagación de la enfermedad, poniendo en peligro a los encarcelados, el personal y la comunidad en general”, escribieron en The New York Times Joe Neff y Anna Flagg, de The Marshall Project.
Más de 670.000 personas se sientan en nuestras cárceles y centros de detención de inmigrantes, acusadas pero no condenadas por un delito, a menudo por largos períodos, esperando su juicio o audiencia. Ahora, con el creciente número de casos de covid-19 entre encarcelados y los oficiales correccionales en todo el país, lo que comenzó como una iniciativa de justicia penal se ha convertido en un imperativo de salud pública. Desde el comienzo de la pandemia, los defensores de los encarcelados han trabajado para persuadir a los gobernadores, jueces y fiscales para que los saquen del peligro concediéndoles la libertad anticipada.
Aquí es donde entran los fondos de la fianza, ya que son la forma más rápida de sacar al encarcelado de la cárcel. “En la mayoría de las ciudades importantes, un par de millones de dólares pueden sacar a cientos de personas de la cárcel”, dijo Insha Rahman, directora de estrategia del Instituto Vera. “Por ejemplo, US$5 millones en este momento sacarían a casi 400 personas encarceladas en la Isla Rikers a la espera de juicios bajo fianza que no pueden pagar”.
Por supuesto, hay algo perverso en el rescate de desconocidos por parte de ciudadanos privados para que no se infecten con un virus mortal. En un mundo donde valoramos la humanidad de nuestros prisioneros y guardias, nuestros funcionarios electos moverían montañas para proteger al público al eliminar a las poblaciones vulnerables de entornos de alto riesgo como las cárceles.
Lamentablemente, ese no es el país en el que vivimos. Si quiere salvar una vida, no puede confiar en un sistema de justicia penal iluminado para hacer el trabajo. Si puede pagarlo, rescate a alguien ahora.
