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Por Rubén Darío Barrientos G. - opinion@elcolombiano.com.co
La piñata de la publicidad oficial
22 de febrero de 2025
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Por Rubén Darío Barrientos G. - opinion@elcolombiano.com.co
Desde 1944 (hace más de 80 años), hay norma que cacarea la “prohibición de la propaganda oficial remunerada en la prensa hablada y escrita del país” (sic). A mí me gusta más hablar de prensa y radio. El artículo 4º de la Ley 29 de esa anualidad, es tajante: “Los funcionarios que violaren esta prohibición serán destituidos, y se les aplicará una multa de (...). No la transcribo porque es una sanción pecuniaria ridícula de $ 100.000 a $ 500.000. Hoy, ese equivalente no es otra cosa que la alcancía del niño. Pura letra muerta. La piñata no termina. Quiero recordar que un exgobernador de Antioquia, que mandó a publicar una separata sobre sus actos de gobierno, se cayó in illo tempore.
Hay un antecedente cercano, que es el siguiente: El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2345 de 2023, también conocida como “Ley Chao marcas de Gobierno”, una iniciativa con la que se pretende eliminar las marcas y eslóganes para los gobiernos del país en general, para alcaldes, gobernadores y presidentes cada cuatro años. Por ejemplo: “Gobierno del cambio”.
Ninguno de los mandatarios podrá crear logos, publicidad o material con el que se busque identificar e inmortalizar su periodo de administración, ya que el desarrollo de ello le estaría costando al país la friolera de $2 billones de pesos anuales. Es un adiós al despilfarro en publicidad para gobernantes de turno. Y ello, constituye un hito en la regulación de la imagen y publicidad de las entidades estatales en Colombia.
Pero vamos a la cruda realidad: El gobierno Petro ha destinado inmisericordes $ 131 mil millones, desde 2022, para su propaganda ególatra. Azarosa cifra. Hasta influenciadores han promovido la administración del jefe del Estado, bajo el vil metal. Esto corre la línea ética. Una cosa es la publicidad y otra es la propaganda (la que es detestable). La primera, es un acto de mercadeo y la segunda es el dar a conocer. El presidente, ampara la inversión porque “defiende como vehículo su gestión”. La terquedad, nos cuesta a todos. Cero y van ...
¿Y la austeridad? ¿Y el control sobre el gasto? ¿Y los recortes? Dice El Espectador (19-01-25) que “a través de medios y redes sociales, el Ejecutivo busca dar a conocer los resultados”. Peor aún, cuando Petro contrató, sin escrúpulos, con tres principales centrales de medios de sus entretelas (RTVC, Teveandina y Telecafé). Y, de contera, llamó a los influenciadores, a la piñata, para que utilicen las redes sociales para la defensa del proyecto progresista que lidera la Casa de Nariño. Todo suma.
El contrato más cuantioso ($ 20.700 millones), lo recibió el inefable Hollman Morris (RTVC) con el propósito de “prestar servicios de divulgación en medios masivos”. La norma es noble, el presidente es tozudo. Tenemos que entender que la disposición tiene como enfoque preservar la identidad institucional de forma neutral, libre de influencias políticas o partidistas y promover la austeridad en la comunicación y promoción estatal.
Cuando pensamos en la nobleza de la ley, somos giles: se nos olvida que Petro no es neutral, maneja distractores (“golpe blando”) y es suspicaz porque sindica a los colaboradores para salvar su pellejo. Y, de contera, cambia a los ministros como cambiar de calzoncillos. ¡Habrase visto!
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