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Acepté a finales de mayo de 2009 una invitación de los directivos de EL COLOMBIANO a colaborar con una columna regular. Desde ese momento, he compartido con ustedes, cada 15 días, mis opiniones: en total, fueron casi 300 entregas. Escribirlas fue una tarea sorprendente, a veces difícil pero siempre llena de gratificación.
El ejercicio de plasmar por escrito y publicar lo que uno piensa durante un tiempo extendido produce una huella imborrable que genera exposición y deja testimonio, facilitando (sin igual) una valoración de la consistencia y la coherencia del pensamiento propio. Una cosa es lo que uno cree que pensaba hace un año o hace 10 años, y otra cosa es lo que queda plasmado en un escrito suscinto de aproximadamente 560 palabras que no se puede alterar.
Columna tras columna, mes tras mes, año tras año construí un registro que confronta, reflejando un balance entre la permanencia y el cambio. No los aburro con un proceso personalísimo; sencillamente, quiero enfatizar que este oficio de escribir y compartir lo que uno piensa está lleno de crecimiento personal y, por lo tanto, extiendo mi gratitud al periódico y a sus lectores.
Durante mi contribución al diario, procuré utilizar el conocimiento académico para interpretar eventos o fenómenos que marcan la realidad colombiana. La selección de esos temas estuvo definida por mis intereses profesionales y por las salvajes situaciones que califican nuestra realidad. De la revisión de lo escrito, derivo unas breves reflexiones de cierre (algo desconsoladoras):
Muchos de los problemas que demandaban atención hace 10 años, como por ejemplo el estado de las prisiones colombianas, la ausencia o la debilidad del Estado en la zonas rurales y urbanas marginales colombianas, o la protección debida a las personas que han sufrido la violencia estatal y guerrillera, siguen requiriendo urgente respuesta. La desidia estatal ha sido una constante.
Otro eje problemático (igual de constante) se deriva de la negación (casi total) de que el ejercicio del poder estatal puede ser arbitrario y de que la violencia ejercida por funcionarios públicos no siempre está justificada. La arbitrariedad del ejercicio del poder público en Colombia es frecuente y en algunos casos extrema, aunque no se quiera confrontar.
A lo largo de estos diez años llamé la atención sobre múltiples fenómenos que demandan atención, por ejemplo: la complicidad de organizaciones estatales con grupos paramilitares, la ejecución de miles de personas por parte del Ejército colombiano para engrosar los resultados operacionales, el uso desproporcionado y sin control de la fuerza por parte de la policía, o el uso de la justicia penal militar como mecanismo de encubrimiento y protección de los responsables de violaciones de derechos humanos. El abuso del poder estatal ha variado en grado pero no en esencia; su negación une el ejercicio del poder con la criminalidad.
Hoy me despido, por decisión propia, de EL COLOMBIANO y de mis lectores. Soy consciente de que mi punto de vista, a menudo, ha sido divergente al sostenido por otros en estas páginas; sin embargo, mi posición siempre fue respetada.
Agradezco a todas las personas que hicieron posible mi colaboración y a todos los lectores que, coincidiendo o disintiendo, leyeron con respeto mis contribuciones. Espero haber aportado a la comprensión de algunos de los problemas que afectan a nuestra sociedad. Los dejo después de una década de recorrido, repleta de aprendizajes. ¡Gracias a todas y todos! .
Nota de la Dirección: Agredecemos muy sinceramente al columnista Michael Reed, quien deja su espacio por decisión propia, la dedicación en la preparación y estudio de sus columnas, así como por el rigor y la seriedad que en cada una de ellas demostró para proponer sus argumentos. Le deseamos muchos éxitos en los nuevos retos profesionales que emprende a partir de ahora.
