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En nuestra última columna del año es inevitable referirnos a la creciente preocupación de importantes sectores del país por la forma como poco a poco se vienen irrespetando y destruyendo las reglas del Estado de Derecho. Aquellas regulaciones nacidas en la Constitución y desarrolladas por la legislación ordinaria que hacen posible la convivencia racional entre los distintos sectores de la vida nacional.
Es motivo de gran perturbación que un reconocido jurista, varias veces aspirante a importantes curules en las altas cortes, como el actual Ministro de Justicia, se expresé sin ningún reato, afirmando que los jueces, responsables de la administración de justicia, están obligados a acatar las órdenes del Presidente de la República, y permitir que quienes están siendo juzgados o hayan sido condenados por delitos contra las personas y los bienes deben ser dejados en libertad, en atención a órdenes impartidas por el jefe del Ejecutivo, sin importar el estado de sus procesos ni la situación jurídico-procesal de cada uno, justificando esta indebida y peligrosa intromisión con el débil argumento de que el Primer Mandatario es quien dirige el orden público, de manera que liberar a estas personas para que actúen en procesos de paz alivia el orden público y le permite al Ejecutivo convertirse en el director supremo de la Rama Judicial, paso inicial de todo esquema dictatorial.
Afirma el Ministro de Justicia que al proceder de esta manera el Presidente lo hace dentro del marco de la ley, olvidando u obviando ideológicamente algo que seguro él conoce: la institución de la excepción de inconstitucionalidad. Si la ley, equivocadamente, se interpreta en el sentido de darle al Presidente facultades para asumir indefinidamente funciones correspondientes a otras ramas del poder público es porque ha sucedido una de dos situaciones, ambas perversas: la primera, que el Gobierno, con sus mayorías en el Congreso, se ha tomado de manera indirecta la facultad legislativa, lo que implica otra concentración de poder y funciones, nuevamente con claro desconocimiento de los postulados fundamentales del Estado de Derecho. La segunda, si el Congreso, por ligereza, ignorancia o mala fe, terminó asignándole al Presidente de manera permanente facultades que son del propio Congreso y de los jueces para convertirlo en una especie de dictador, corresponde al Gobierno, con el Ministro de Justicia a la cabeza, invocar la excepción y el principio de inaplicabilidad de la ley, por violación de la Constitución, en lugar de salir en los medios afirmando de manera olímpica que simplemente se trata de un esfuerzo por el orden público y en tal sentido el Presidente simplemente está actuando de conformidad con la ley, que es materialmente inconstitucional.
Cuando se acerca el fin de año y aparece la luz de uno nuevo, preocupa la manera como sobre el país se desplazan peligrosas nubes de oscuridad contra la integridad de las instituciones, originadas por el desconocimiento e irrespeto de las reglas fundamentales del Estado de Derecho
