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Negar que a lo largo y ancho del continente americano, a partir de 1492, se produjo uno de los genocidios más horrendos de los cuales tenga noticia la historia del género humano, como producto de la irrupción de los colonizadores europeos (españoles, ingleses, franceses, etc.), es como querer tapar el sol con las manos. En estos territorios, de forma sistemática, los pueblos invasores —prevalidos de su supuesta condición de seres superiores— arrasaron con culturas milenarias, sometieron a los nativos a los dictados políticos de sus países, fomentaron el esclavismo y saquearon los recursos, todo ello —sobre todo en el caso de España— con el pretexto de difundir a toda costa sus costumbres, lengua y religión.
Y así, en medio de esta irracionalidad desenfrenada, se construyeron nuestros países, que casi siempre han estado gobernados por los descendientes de esos conquistadores, quienes —de una u otra forma— mezclaron su sangre con la aborigen y han continuado esa labor depredadora; unas organizaciones sociales que, en el caso latinoamericano, se caracterizan por la injusticia, el desorden, los abismos entre las clases, la discriminación, la violación de los derechos humanos, la corrupción y la violencia desenfrenada. Como es obvio, las posturas frente a esos muy graves hechos confluyen en una de estas tres visiones: algunos los condenan y piden la rectificación pública; otros los legitiman y guardan silencio por entender que esos comportamientos eran necesarios para difundir la prédica usurpadora, y, en fin, no falta el corro de los indiferentes que no se pronuncian al respecto.
Por la primera alternativa optan dirigentes como el presidente mexicano López Obrador, quien, por ejemplo, a raíz de las celebraciones de los doscientos años de Independencia de su país, se dirigió al Sumo Pontífice para decirle: “con motivo de estas efemérides, tanto la Iglesia Católica, la Monarquía española y el Estado mexicano debemos ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios que padecieron de las más oprobiosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos, desde la Conquista de 1521 hasta el pasado reciente” (Carta de 2 de octubre de 2020). En esa dirección, hace poco, el papa Francisco —en misiva alusiva a esos pedidos— dijo “reconocer los errores cometidos en el pasado, que han sido muy dolorosos”, justamente por la organización religiosa que preside.
La segunda forma de ver el asunto, a su turno, es la exhibida por Isabel Díaz Ayuso —presidenta de la Comunidad de Madrid—, quien compara a los movimientos indígenas con el “nuevo comunismo” y afirma que la presencia española aquí solo trajo “libertad, paz y prosperidad”, amén de que cuestiona al Sumo Pontífice por las palabras ya dichas; igual hace el expresidente del gobierno español José María Aznar, cuando —cargado de arrogancia— cuestiona la misiva del prelado y ridiculiza al dignatario azteca. Semejantes manifestaciones de líderes hispanos no deberían tener lugar en pleno siglo XXI, a no ser que tan difícil pasado histórico se quiera utilizar para impulsar populismos vacuos llamados a fomentar disputas entre pueblos hermanos, por parte de líderes políticos en declive.
Por eso, pedidos enderezados al perdón y a la reconciliación son siempre bienvenidos, máxime si con ellos se busca sentar nuevas bases para la convivencia, rectificar el camino y edificar el progreso para estas sociedades convulsas, incluidos los pueblos ancestrales; es, pues, necesario invitar a unos y a otros a obrar con mesura y equilibrio, máxime si ese ayer lastimero nos concierne a todos y es evidente que los autores de tales crímenes no son quienes hoy gobiernan a los países involucrados ni a la Iglesia Católica. Es más, en la actual coyuntura —cuando la supervivencia del género humano sobre el planeta está seriamente comprometida—, se debe hacer un llamado a la reconciliación rechazando enfoques racistas y xenófobos; los momentos presentes, entonces, solo deben destinarse para sacar a flote esta convulsa nave terrícola, aclimatar la paz y permitir que de nuevo renazca la esperanza
