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Como lo anunciaba en mi pasada columna, me referiré en esta oportunidad a algunos de los anuncios del ministro Iván Velásquez previos a su posesión. Tocaré someramente, por limitaciones de espacio, la salida de la Policía del Ministerio de Defensa Nacional, la reestructuración del Esmad, la revisión del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (Gsed) y la supresión del servicio militar obligatorio.
El paso de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa al proyectado Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia genera un reto que, por su impacto, requiere amplia deliberación sobre su factibilidad, oportunidad y conveniencia. Si bien el constituyente de 1991 expresó en los artículos 217 y 218 de la Carta Política roles y características particulares para las Fuerzas Militares y Policía Nacional, al tiempo las ubicó bajo el capítulo 7, de la fuerza pública, para imponer el concepto de unidad y corresponsabilidad, condición que se incumpliría al ubicarlas en ministerios diferentes. De otra parte, tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional hacen parte de las estructuras de seguridad del Estado que, dentro de la doctrina político-estratégica actual, actúan de forma mancomunada en su misión de atender las amenazas que confrontan al poder nacional. Separarlas podría llevar al debilitamiento de las fuerzas disuasivas y coercitiva del Estado. El objetivo de lograr unas Fuerzas Militares menos policivas y una Policía menos militarizada se puede lograr con acciones diferentes.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) puede ser reestructurado, pero no desnaturalizado. Lo conveniente sería clarificar roles y responsabilidades dentro de las estructuras encargadas del orden público. El Esmad cumple una misión intermedia, entre el accionar de la policía de control y el Ejército, que debe emplearse cuando la protesta se sale de los cauces permitidos por la ley. Eliminarlo aumentaría los riesgos para la protesta y para los derechos de la ciudadanía en general.
Resulta necesaria la revisión de las funciones del Grupo Social y Empresarial de la Defensa, pero de las palabras del ministro se desprende que desconoce su razón de ser. No es una estructura de contratación, sino empresas descentralizadas de la Fuerza Pública con el propósito de hacerla más efectiva en su ejercicio misional. Su función tiene que ver con la producción de bienes y servicios para sostener el esfuerzo bélico y disminuir la dependencia, por lo que está ligada a los conceptos de soberanía, autonomía, economía y oportunidad. Su fortalecimiento es esencial.
Sobre el servicio militar obligatorio, recuerdo la intención del entonces candidato Andrés Pastrana de eliminarlo. En reunión con Jaime Ruiz, posteriormente jefe de Planeación Nacional, y Juan Mario Laserna (q. e. p. d.) expliqué, como jefe de Planeación del Ministerio de Defensa, los inconvenientes de la medida y propuse la figura del soldado profesional, con afectación del número de soldados regulares, logrando cero incidencias presupuestales. Así nació el conocido Plan 10.000, llegando hoy a más de 70.000 soldados profesionales. Las circunstancias no han cambiado.
En síntesis, muchos cambios son necesarios, pero todos deben hacerse con la Fuerza pública y no en contra de la Fuerza Pública
