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La crisis del Catatumbo está marcando una herida imborrable en la historia del país. Hoy quienes más sufren la violencia en la región, son los niños y niñas, que ven borrados sus sueños por culpa de las balas.
El pasado 15 de enero fueron asesinados en el municipio del Tibú, Miguel Ángel López, su esposa y su hijo de 8 meses. El único sobreviviente al ataque, fue el menor de 10 años, quien milagrosamente salió ileso y logró salvar su vida. Un niño más, testigo de la guerra.
La región del Catatumbo, ubicada al noreste del departamento de Norte de Santander, es una región históricamente abandonada por el Estado, marcada por el conflicto y la violencia, donde también se han olvidado de los niños que habitan allí.
El escalamiento del conflicto, advertido por la Defensoría del Pueblo desde el mes de noviembre, no fue atendido por el Estado y la acción militar nunca llegó. Hoy las pérdidas humanas, y los desplazamientos, son irreparables.
La guerrilla del ELN, nos viene mostrando que actúa sin piedad, sin ninguna compasión, que no importa, si sus víctimas son bebés, niños, mujeres embarazadas o ancianos. La sola sospecha de tener un vínculo, o cercanía con un grupo armado distinto, es motivo suficiente para ejecutarlo.
Para el ELN la Paz no es su prioridad, ni su finalidad, hoy lo que les importa es el control territorial, para dominar el negocio del narcotráfico, controlar los cultivos de coca, los laboratorios para el procesamiento de la hoja de coca y tener el control de las rutas que se encargan de llevar la coca hasta Venezuela, otra forma para saber moverse frente al Estado, buscando la impunidad de sus delitos.
Recordemos que Norte de Santander, es el segundo territorio con más producción de coca del país, y cuenta con alrededor de 40.000 hectáreas de hoja de coca sembrada.
Según el último boletín del Balance PMU Catatumbo, al 31 de enero de 2025, esta escalada de violencia ya suma 52.807 desplazados, 52 homicidios, de las cuales 4 son menores de edad, 5 firmantes de paz, 02 líderes sociales y 41 particulares.
Hace una semana, La Procuraduría General de la Nación advirtió que cerca de 46.000 niños y niñas no han podido iniciar clases, en razón del conflicto. No hay suficientes profesores, no hay garantías de seguridad. La Gobernación, solo logró habilitar clases para 220 estudiantes y la ilusión de miles de niños de volver a la escuela, tendrá que esperar. ¡Qué dolor!
Ante esta crisis, el pasado 22 de enero, el Gobierno declaró el estado de conmoción interior en Catatumbo, una medida que ha generado discusiones, pues si bien la perturbación del orden público es grave, y atenta de manera inminente contra la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, se deberá valorar si esta alteración al orden público hace parte de la normalidad local de la región. Además, existen antecedentes donde este tipo de medidas, terminan en escándalos de corrupción, como ocurrió en La Guajira.
Las cifras reportadas son alarmantes, y esta guerra que estremece al país, ya se sale de toda normalidad. Si esta medida permite hacer contención al número de víctimas de la guerra, y salvar vidas, ya esto justifica su expedición.
Salvar la vida de un niño, hacer que miles de niños y niñas puedan regresar a la escuela como cualquier otro niño del interior del país, ya eso, lo justifica todo.
