La Ley 996 del 2005, más conocida como la Ley de Garantías Electorales, ha sido un instrumento que limita la contratación pública, la vinculación de personal y la configuración de convenios interadministrativos en época electoral para prevenir que desde la Rama Ejecutiva y en contubernio con los gobernantes locales se pretenda utilizar el poder del presupuesto del Estado para incidir en los procesos electorales.
Esta ley también fue concebida de manera adicional en el contexto de la reelección presidencial para ponerles limitaciones a alcaldes, gobernadores, secretarios de despacho y otras instituciones del orden departamental y municipal para evitar la tentación de que a través de la contratación intenten inclinar la balanza electoral con los...