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Como suele ocurrir con el grueso de los líderes políticos que llegan a los más altos niveles del poder, mientras Gustavo Petro ha permanecido limpio judicialmente, algunos de sus más cercanos alfiles cruzan los barrotes de las cárceles por corrupción cometida por, para y con el propio líder. Los caudillos suelen contar con obsecuentes servidores que sacrifican por el jefe aún si ello significa prisión y perder toda reputación; eso sí, jamás cometer la osadía de salpicarlo, sin importar que este haya dado la orden o consentido el crimen.
César Manrique Soacha es uno de aquellos. Su sumisión ya le pasó cuenta de cobro con una condena a 10 años de cárcel por la compra torcida de 100 motos eléctricas - con sobrecosto de más de 1.000 millones de pesos - por orden directa y pública del alcalde Petro. El 6 de agosto de 2012, en la Plaza de Bolívar, Petro anunció que “La moto que vieron, sin ruido, sin contaminación, será la que comprará el Fondo de Seguridad ahora en adelante; para el mes de octubre vienen 100 de estas motos”. Tenía una boina negra que le tapaba el herido cuero cabelludo tras un “accidente casero”; a su lado estaban la Policía y el futuro contratista Carlos Andrés Vaca.
Manrique firmó el contrato 559 casi de inmediato, a dedo, con la excusa de que esas motos, de fábrica estadounidense, eran excepcionales. Duraron menos de un año y se volvieron chatarra.
En 2018, ante el fiscal Hugo de León que investigaba la compra delictiva, Petro perdió la memoria y dijo que no recordaba qué había dicho en la Plaza de Bolívar en agosto 2012.
“¿Usted ahí no dijo que iban a comprar 100 motos de esas para el mes de octubre?”, le preguntó De León.
- “No, yo no recuerdo haber dicho eso”.
Petro también afirmó a los medios que él no había participado en el proceso, que todo lo había hecho la Policía Metropolitana. Falso. La compra fue del Fondo de Seguridad, cuyo director Manrique fue nombrado por él y cuya junta directiva presidía... el Alcalde.
El 16 de septiembre de 2019, el fiscal De León compulsó copias a la Corte Suprema para que investigara a Petro y señaló el iter criminis (ruta del delito): el contratista Vaca acudió al despacho del Alcalde Mayor, este lo mandó con su recomendación al Fondo de Seguridad que, a su vez, lo remitió a la Policía para el trámite técnico: “Se infiere razonablemente el probable conocimiento y participación del hoy aforado senador GUSTAVO PETRO, en su calidad de Alcalde Mayor para el momento en que tuvieron ocurrencia los hechos sancionados”, dice el documento.
En junio de 2022 la Corte Suprema me contestó que el caso lo manejaba el magistrado Misael Rodríguez, y que Petro enfrentaba 13 procesos penales más, sin detalles por reserva legal. Al convertirse Petro en Presidente, el corrupto caso de las 100 motos y demás procesos cayeron en la tierra del olvido, la Comisión de “Absoluciones” de la Cámara de Representantes, donde duerme el sueño de los injustos. Mientras, Manrique huye de la condena a 10 años y de gravísimas acusaciones por el multimillonario escándalo de la UNGRD.
