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Desde que se promulgó la Constitución de 1991 y se estableció en ella que los derechos sociales son derechos fundamentales que las personas pueden exigirle al Estado de la misma forma que reclaman la protección de las libertades civiles y políticas, se abrió una posibilidad para transformar las condiciones de vida de los grupos de población más pobres en la medida en que se definieron como derechos humanos el derecho a la educación, la salud, al trabajo, la renta pensional y a un nivel mínimo de subsistencia en caso de necesidad.
La Constitución trazó un camino para conseguir este propósito. Sin embargo, este no ha impactado a los hogares de los pobres en las ciudades y el campo. ¿Porqué? Algunos dicen que Colombia no tiene aún los recursos económicos para mediante una distribución de la riqueza hacer una revolución a favor de los pobres. Otros dicen que Colombia muestra unos indicadores sociales en lenta pero constante mejoría y que hay que esperar que mediante el neoliberal “efecto goteo” lleguen los recursos. Otros afirman que los derechos sociales no son más que un esperpento mamerto para limitar los derechos civiles y políticos de los que verdaderamente han producido riqueza y expandido su original acervo en hectáreas, caballos y acciones.
Los derechos civiles, como el derecho de propiedad, están planteados en la Constitución como derechos humanos fundamentales, que técnicamente los denomina como negativos porque implican el deber de no limitar al titular sus derechos. El deber de ayudar a aquellos en necesidad, por medio de los derechos sociales, no es negativo; es positivo. De esto deducen personas políticamente de derecha que un derecho positivo, los derechos sociales, no puede ser considerado un derecho fundamental. Y si no lo es, el pueblo pobre tendrá que esperar a la buena voluntad de algún gobernante que, vía políticas públicas, decida apoyar la educación pública, la salud, etc.
Ahora bien, veinte años después de promulgada la Constitución, la situación de la pobreza sigue siendo lamentable. En 2020 había 21.021.564 personas que subsistían con menos de $331.688 mensuales y 7,47 millones viven con menos de $145.004 al mes —pobreza extrema—.
Ante esto, personas de derecha que no son pobres niegan con ahínco el postulado de que la falta de dinero o la pobreza implican limitaciones a la libertad. Ciertamente la pobreza no es la única circunstancia que restringe la libertad de una persona. “Pero, hay muchas cosas que los pobres, por serlo, no son libres de hacer, cosas que los no-pobres, en cambio, sí son libres de hacer” (G.A. Cohen).
En la situación de pobreza extrema, aunque la ley consagre que cada quien es libre de hacer todo lo que quiera, siempre que no esté prohibido, en realidad dicha libertad no existe para los pobres. La pobreza deviene en una suerte de prohibición a los pobres para ejercer su libertad. Porque aunque el individuo sea libre formalmente le hacen falta los medios y la capacidad para hacer muchas cosas. En esto radica la conexión entre libertad y derechos sociales
