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Nada más inhumano, cobarde y criminal que sembrar los campos con minas explosivas, que al más leve contacto explotan destruyendo la vida, o lisiando a quien ha tenido la desgracia de tocar inadvertidamente una de ellas.
A nadie perdonan estos artefactos: soldados, campesinos de todas las edades, mujeres embarazadas, jóvenes y niños, indiscriminadamente sufren las consecuencias de una minibomba camuflada en la tierra. Esta arma fue ampliamente usada por los narcoterroristas de las Farc y otros grupos criminales en Colombia, convirtiendo al país en el segundo territorio más “contaminado” por minas en el mundo.
El Sistema de Información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encargada de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA), registra desde 1990 hasta el 31 de marzo de 2019 un total de 11.735 víctimas por minas antipersona. El 2006 con 1.228 víctimas, el peor en la historia de Colombia. En lo corrido de 2019, se han presentado 42 víctimas.
De estas víctimas, 2.293 murieron y 9.442 quedaron heridas, muchas de ellas perdieron miembros de sus cuerpos, piernas o brazos, quedaron ciegos o con sus rostros quemados. De ellos, 6 de cada 10 son miembros de la fuerza pública y 4 son civiles.
Los heridos por minas son uno de los grupos mayoritarios en los hospitales militares y en los centros de recapacitación del país. Cada historia más dolorosa que la otra, cada una, un ejemplo de recuperación y valor.
Es muy triste cuando los medios nos notifican de la muerte de un soldado especialista en antiminado, mientras hacía su trabajo. Muere un héroe, que, con su labor, ha evitado la muerte de cientos de personas; alguien que ponía a diario su vida en peligro por salvaguardar la integridad física de otros. Colombia pierde un especialista en el que se han invertido muchísimos recursos y tiempo en entrenamiento.
¿Por qué los que pusieron, u ordenaron poner estas minas no son los que efectúan el desminado? La dura respuesta es porque quizá están muy ocupados ejerciendo como senadores de la República.
Las operaciones de desminado humanitario en Colombia están a cargo de entidades colombianas y extranjeras que participan con hombres, ayudas técnicas y económicas. Como resultado de estas operaciones se han declarado libres de sospecha de minas cuatro departamentos, Amazonas, Atlántico, Magdalena y Quindío, y 174 municipios.
Esto significa que se ha liberado un área total de 8.462.321 m2 y se han neutralizado o destruido 6.499 artefactos explosivos. Además, el Gobierno desarrolla importantes campañas de alerta, educación y prevención antiminas en las zonas consideradas aún minadas o de alto riesgo (*).
La “siembra” de minas antipersonal es uno de los crímenes más inhumanos y horrendos de la guerra que Colombia ha sufrido. Y, como van las cosas, será otro de los crímenes que quedará impune y cuyas víctimas no verán la reparación ni oirán pedir perdón a los criminales que lo cometieron.
(*Información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz).
