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Seis soldados aceptaron la autoría material de la violación de una menor embera de 13 años y uno más reconoció su complicidad. Pero esta sociedad es incapaz de movilizarse en defensa de sus minorías, lo digo en términos del tamaño de la población indígena, no de sus derechos, que deben ser los de cualquier colombiano. Una mancha más para el honor de las Fuerzas Militares.
El solo vuelo de la imaginación a ese sometimiento de una niña, en una desproporción de fuerza y entendimiento evidentes, merece el repudio general, la más unánime condena de la sociedad.
Una vida que en medio de la indefensión ha sido destrozada por servidores públicos a quienes se les encomienda la protección de la ciudadanía.
Pero ese ha sido un episodio bastante repetido y sufrido por las mujeres de todas las edades en las zonas periféricas de Colombia, en medio de las circunstancias actuales de presencia de grupos armados ilegales y del Ejército oficial. Lo fue durante dos décadas de constante presión de las Farc y de los paramilitares sobre la población civil.
Aunque esta violación en Santa Cecilia, Risaralda, no tiene la excusa (que no la tendrá nunca) de que en el contexto de lo ocurrido hubiese factores de tensión militar, sicológica y de desconfianza que hubiesen acentuado una conducta criminal tan vergonzosa.
Es aberrante e inaceptable, como lo han calificado algunos miembros del alto gobierno. Merece una reflexión por demás necesaria y urgente sobre las reformas, la modernización y los ajustes a los códigos y los protocolos que requieren las Fuerzas Armadas.
Hay un fuerte debate en Estados Unidos por la reorganización que requieren las unidades policiales. Aquí hay que hacer lo propio frente a unidades del Ejército con integrantes capaces de violar a una niña y despedazar sus derechos de manera tan sucia. Escuadras con algunos soldados capaces de lanzar a un perro cachorro por los aires hasta matarlo. Hay una cultura de derechos y deberes, de respeto a la Constitución, que merece ser doctrina a fondo, de cada día en las filas.
Ni toda la ayuda posible del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) podrá borrar del cuerpo y la mente de la menor las vejaciones a las que fue sometida. Y debe haber justicia, severa, contra estos sujetos que degradaron de tal manera la imagen y el honor del Ejército y sus militares.
Entre enero y mayo se denunciaron en el país abusos contra 6.479 menores, según peritajes de Medicina Legal. Vergüenza para una sociedad que arruina a sus niños. Deshonor inmenso para una institución de la que se esperan protección y seguridad.
