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Hay leyes que ayudan a construir un mejor país, pero hay otras que se vuelven un medio para que, entre artículos e incisos, pensados y redactados con aviesas intenciones, se abra la puerta a la corrupción y a la desestabilización de la República.
Tal ocurre con el proyecto de ley mediante el cual se pretende “actualizar el código electoral”. El país siente que con esta iniciativa se está afectando la democracia y creando figuras en extremo peligrosas para la institucionalidad.
En sus 377 artículos, presentados con mensaje de urgencia por el gobierno, pareciera que se le quiere pagar un favor al registrador Alex Vega, oscuro sujeto a quien frecuentemente se le menciona por sus aún más oscuros procederes.
En efecto, se pretende cambiar las reglas de la próxima campaña para elección de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, lo que podría redundar en un mayor control de las entidades territoriales por parte del ejecutivo central y su movimiento político, el Pacto Histórico.
Cuando el país reclama austeridad en el gasto público, se pretende crear 1.200 empleos de registrador, dejados a la libre elección del registrador Vega.
En este proyecto se quiere legislar sobre registro civil de nacimiento, de matrimonio, defunción, adopciones y legitimaciones de hijos nacidos fuera del matrimonio, lo que no se corresponde con la idea de modificar las normas de funcionamiento de la Registraduría. No solamente es antitécnico, sino que rompe con el principio de unidad de materia que deben tener los proyectos de ley que no pueden ser un salpicón de temas.
Otros aspectos como el voto electrónico, el voto anticipado, la facultad de suspender elecciones y la realización de auditorías electorales opcionales, pueden ser una amplia puerta por donde se filtre la corrupción electoral, el constreñimiento al sufragante o la adulteración de resultados con solo pulsar la tecla de una terminal de computador.
Por fortuna se retiró del proyecto el absurdo de que los niños de cinco años puedan cambiar el registro de su sexo a voluntad, lo que sería un saludo a los que piensan que “no se nace hombre o mujer, sino que se llega a serlo”, idea verdaderamente aberrante.
Este proyecto había sido aprobado en 2020, pero la Corte Constitucional lo tumbó por graves vicios de inconstitucionalidad y ahora el Registrador Vega lo vuelve a presentar, pero agregándole 100 artículos más.
Para organizaciones como el Movimiento de Observación Electoral -Moe- es un proyecto que podría incidir negativamente en los procesos electorales que se avecinan.
Además, no se conoce el impacto fiscal de la numerosa creación de cargos y las nuevas tecnologías.
Insisto, de convertirse en ley este proyecto, se deformaría y pondría en crisis nuestra democracia, la cual se basa fundamentalmente en la certeza, confianza y transparencia de los procesos electorales y con esta iniciativa se crea un efecto contrario: oscuridad y duda.
Post scriptum: Triste y deplorable panorama el de Medellín cuyo Concejo, con muy precarias mayorías, eligió la mesa directiva, y continuó respaldando una gestión no menos precaria, irresponsable y corrupta como la de Daniel Quintero, en contra de las mayorías ciudadanas a las cuales se les ha impedido revocarlo.
