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Avanza la aprobación de la reforma política en el Congreso de la República con temas claves para la estabilidad de nuestra precaria democracia. Se trata de un proyecto que no es neutro en sus efectos y deja beneficiados y damnificados. El permitir el transfuguismo y el que los congresistas puedan ser ministros favorece al gobierno y al partido que lo llevó al poder, ya que dispone de los mecanismos, gabelas presupuestales y burocráticas, para sonsacar y atraer a congresistas ávidos de puestos y de cupos indicativos, que los fortalezcan para la campaña electoral de 2026. Más que por afinidad ideológica, los que cambian de partido lo hacen por interés de recibir un buen trato presupuestal y burocrático del gobierno, lo que puede convertir en damnificados a varios de los partidos que tengan parlamentarios oportunistas, que son muchos, que emigran con la curul y con los votos.
Y que puedan los congresistas ser ministros, le permite al gobierno seducir y nombrar parlamentarios, aumentar su respaldo en el Congreso y reducir la oposición, nombramientos que, de una parte, transgreden normas del sistema presidencialista que no permite que sean nombrados para tales cargos, y, de otra, rompe el equilibrio de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, con lo que pierden la democracia y el Estado de derecho.
Otro tema central de la reforma tiene que ver con la implantación de la lista cerrada y bloqueada y el abandono del voto preferente, ya que éste, según los impulsores de la reforma, fomenta la corrupción, incita la división y confrontación interna en los partidos, acrecienta los costos de las campañas electorales, estimula la indisciplina, parlamentariza y personifica la política, beneficia las microempresas electorales, facilita la compra y venta de votos, promueve el clientelismo, permite el ingreso de dineros ilícitos a las campañas y dificulta la votación.
Debe destacarse, que, con excepción de las dificultades para votar, estas irregularidades se presentan por el comportamiento de los políticos y no por el voto preferente, pues son ellos los que incurren en actos de corrupción, los indisciplinados, los que solicitan y reciben recursos ilícitos, exceden los topes electorales, aprovechan el clientelismo, compran votos; en suma, los que desconocen las normas que regulan la actividad política.
Y es que no puede desconocerse que el voto preferente ofrece beneficios: incrementa la representatividad y legitimidad al propiciar que triunfen los candidatos que prefieren los ciudadanos, reduce el poder del aparato del partido y crece el del ciudadano, amplía el grado de conocimiento de los candidatos por parte de los votantes, acrecienta la responsabilidad del elegido ante sus electores, establece una relación más directa entre electores y elegidos y mantiene cauces abiertos para que el votante seleccione los candidatos individuales más capaces, honestos y representativos.
En tanto que la lista cerrada otorga más poder a los directorios políticos que al ciudadano, obliga votar por logos, símbolos, emblemas o colores, donde aparece con claridad la cabeza de la lista y luego pueden figurar candidatos incompetentes, corruptos, sin formación académica ni experiencia o poco representativos.
Por eso, no resulta válido atribuirle a la lista abierta con voto preferente todos los males de nuestra democracia y no reconocerle sus ventajas, para de paso exculpar a los congresistas de sus faltas y cobrarle al ciudadano las fallas en que incurren los dirigentes partidistas, convirtiéndolo así en otro damnificado por la reforma .
