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A mediados de diciembre pasado, el Congreso aprobó la creación del Ministerio de la Igualdad. Nos unimos así al ya numeroso grupo de países –Suiza, Noruega, Alemania, España, Francia, Canadá, Corea del Sur, Argentina, Chile, Perú, etc.- en los que existe esa o similar figura gubernamental.
En las democracias liberales los deberes esenciales del gobierno son proteger la vida y la propiedad de las personas, garantizar la libertad de intercambiar y proveer ciertos bienes y servicios de uso colectivo.
Dado su gran tamaño y el enorme poder del que disponen, no cabe duda de que la mayor fuente de desigualdad en los tiempos modernos son los gobiernos ineficientes y, frecuentemente, despóticos que incumplen o desbordan sus funciones.
Las personas con más recursos pueden protegerse y proteger sus propiedades contratando servicios privados de seguridad. Hay en el país, por lo menos, 250.000 trabajadores en agencias de seguridad privadas, cifra que contrasta con los poco más de 165.000 efectivos de la Policía Nacional.
Las graves deficiencias en la administración de justicia, que se expresan en la extraordinaria demora de sus fallos, son también fuente de desigualdad puesto que castigan, especialmente, a la gente de menos recursos, como quiera que las personas más acaudaladas pueden recurrir, para resolver sus asuntos en disputa, a centro de conciliación y arbitraje o tribunales privados, mucho más expeditos pero costosos.
Es fuente de desigualdad la mediocre educación que reciben los ocho millones de niños y jóvenes de familias de bajos ingresos que no tienen más alternativa que las escuelas y colegios públicos monopolizados por la Fecode. Entre los 100 mejores colegios de las Pruebas Saber no hay uno solo público, solo unos 10 entre los 500 mejores y más de 90 entre los 100 peores. Son públicos el 68% de los colegios que participan en dichas pruebas.
Uno de los mayores avances en igualdad de oportunidades es el sistema de salud de aseguramiento de la Ley 100 de 1994, con grandes logros en cobertura, oportunidad de atención y bajo costo directo para el usuario: un 98% de la población asegurada que demanda anualmente más de 450 millones de servicios de salud, a lo cual destina menos del 2% de su gasto mensual. Paradójicamente, el gobierno de la igualdad quiere acabarlo.
Para llegar al poder, el Gobierno vendió la ilusión de que la pobreza y la desigualdad se combaten repartiendo limosnas monetarias estatales, cuya financiación conducirá a perpetuar el déficit fiscal, a la expansión monetaria y a la inflación. La tendencia es al crecimiento de la burocracia, al aumento de las presiones impositivas y al mayor dominio del Estado sobre los negocios privados.
Toda la mala política intervencionista a lo que eso dará lugar –con control de precios, aranceles, control de cambios, etc.– ahondará la desigualdad por su impacto negativo sobre el crecimiento y el empleo. Pero no hay forma de hacerle entender a este gobierno que la desigualdad se combate con más libertad económica, no con menos
