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Hagamos un ejercicio de reflexión acerca de cómo se perciben las relaciones de la fuerza pública —compuesta por Fuerzas Militares y Policía Nacional— con el nuevo gobierno, teniendo en cuenta las dos campañas presidenciales y partiendo de que, por principio constitucional, la fuerza pública está subordinada al presidente de la República, quien es el comandante general de la misma, y de que, adicionalmente, la fuerza pública no debe ser deliberante en asuntos de política partidista; por supuesto, son instituciones con una importancia cardinal en cualquier sociedad y mucho más en la nuestra, con problemas de violencia complejos que, si bien no se deben enfrentar solo con la fuerza coercitiva del Estado, sí requieren la participación de ésta.
Cualquiera de los dos candidatos que sea elegido por los colombianos debería tener el acatamiento respetuoso de la fuerza pública, pero, igualmente, esto requiere de cualquiera de los dos que sea elegido un tratamiento institucional y respetuoso de la misma —no se deberían alterar las líneas institucionales de mando, más allá de lo normal en los cambios rutinarios—.
Con el candidato Gustavo Petro podrían tener prevenciones por su pasado de pertenencia al M-19, pero eso no tiene ningún sentido hoy, porque esa insurgencia hizo su proceso de paz y recibió las medidas jurídicas para saldar ese tema y Petro ha demostrado en su actividad pública su compromiso con la institucionalidad; sin duda, va a ser importante la persona que nombre como ministro de Defensa y el apoyo institucional que la presidencia le dé a las instituciones militares y policiales. Con el candidato Rodolfo Hernández podría haber prevenciones por las duras declaraciones públicas que ha hecho acerca de manejos irregulares o, por lo menos, no transparentes del presupuesto del Mindefensa; podríamos decir que está muy bien que el gasto militar tenga los controles y las supervisiones adecuadas, pero no debe caerse en generalizaciones con todas las instituciones, porque no hay duda de que la mayoría de sus miembros cumplen adecuadamente con sus funciones, además de ser injusto: cualquier gobierno requiere apoyo y colaboración estrecha con la fuerza pública —en esto será fundamental el rol del Ministro de Defensa que designe— para enfrentar los problemas de seguridad y defensa.
Es muy importante que el nuevo presidente convoque, junto con el ministro de Defensa, la cúpula de la fuerza pública para la definición de los lineamientos generales de la política de seguridad y defensa. Igualmente, es necesario que los dos candidatos conozcan que se está adelantando un proceso de reforma de la Policía Nacional con el acompañamiento de un equipo de asesores nacionales e internacionales y con apoyo del BID, los resultados del mismo estarán dispuestos para la implementación en el próximo gobierno.
Sería una buena oportunidad el inicio del próximo gobierno para revisar las misiones y los roles tanto de la Policía Nacional —centrados en seguridad ciudadana— como de las Fuerzas Militares —en seguridad pública y seguridad nacional, precisando en qué circunstancias se requiere el “apoyo” de los militares en las tareas policiales—. Incluso, lo sería para que el nuevo gobierno comience a analizar si considera pertinente o no la reubicación institucional de la Policía Nacional, pasándola del Ministerio de Defensa a un reformado Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana, lo que situaría a la Policía en un espacio más adecuado para cumplir su tarea fundamental de garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana.
Para los dos candidatos será un reto importante tener una buena y fluida relación con la fuerza pública porque de ello dependerá mucho contar con una institucionalidad comprometida en la seguridad y la defensa.
