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Colombia atraviesa una situación política e institucional muy compleja, que sumada a la crisis social y económica que deja la pandemia del covid-19, puede producir un estallido social generalizado que a ningún ciudadano le conviene en nuestro país.
En distintos escenarios he defendido las reivindicaciones de quienes marchan pacíficamente. No podemos negar que el desempleo, la informalidad, la pobreza, la inseguridad y los excesos de la fuerza pública, son factores de legítimo descontento social. Sin embargo, así como no se puede criminalizar la protesta, tampoco se pueden legalizar el vandalismo y la delincuencia de quienes aprovechan este escenario para afectar los bienes de los ciudadanos, desestabilizar la institucionalidad, y violentar a miembros de la fuerza pública y a ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta dentro de la norma. En este sentido, el Estado debe hacer uso de las capacidades que le permitan garantizar la seguridad, el orden público y los derechos de todos los colombianos, tanto de los que protestan como de los que no, en el marco de los derechos humanos y el respeto hacia la población civil.
Cualquier tipo de abusos y extralimitaciones de la fuerza pública como los ocurridos contra Javier Ordóñez en Bogotá y Juliana Giraldo en el Cauca, deben ser rechazados con toda vehemencia. La justicia debe actuar con celeridad condenando a los responsables de manera ejemplarizante. El gobierno nacional está llamado a avanzar en las reformas estructurales que se requieran con relación a los protocolos de actuación de policías y soldados, a los procesos de incorporación de las fuerzas de seguridad del Estado y a la formación en derechos humanos. Además, veo necesario promover un diálogo con todos los sectores políticos y sociales del país en pro de un acuerdo nacional que tenga como base la justicia, pero sin violencia; un proyecto colectivo que aborde los problemas de fondo, pero sin populismos ni oportunismos.
Y justamente propondría como punto de partida para este acuerdo, un mensaje ejemplar que les escuché a la hermana y a la pareja de Juliana Giraldo invitando a todos los colombianos a la prudencia, a la manifestación pacífica, a no responder con más odio, violencia ni venganza, y a llenar los corazones de paz por el bien de Colombia. Son precisamente las víctimas, aquellas que conocen de primera mano el dolor y la indignación, las que menos quieren reproducir la violencia y las que nos recuerdan que la ruta por la cual debemos transitar como país, es la reconciliación.
Esto no quiere decir que las circunstancias que han llevado al asesinato de personas inocentes por parte de la Fuerza Pública deban quedar en la impunidad. Como tampoco pueden pasarse por alto las presuntas infiltraciones de estructuras criminales y células terroristas urbanas en las movilizaciones ciudadanas, o la incitación que algunos sectores políticos hacen a la violencia desenfrenada que sólo deja pérdidas (de bienes, pero sobre todo de vidas). Las raíces de la violencia en nuestro país son tremendamente complejas y, en este punto, la tarea primordial debe ser recuperar la confianza entre todos los que buscamos un futuro mejor: tejer puentes y lazos es posible si las responsabilidades se asumen con determinación, sensatez y conciencia de que los cambios se logran mediante justicia efectiva, diálogo desprevenido, concertación democrática y oportunidades sociales.
Un mensaje poderoso que también queda para la reflexión es el abrazo entre las familiares de Juliana y del soldado que al disparar le causó la muerte. Mirar a los ojos al otro ayuda a borrar las barreras que casi siempre están en la imaginación. Las víctimas nos dan ejemplo a todos.
