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Las democracias de América Latina se encuentran en un momento difícil. En los últimos años, se ha observado un aumento de la polarización política, la desconfianza en las instituciones, y el debilitamiento del Estado de derecho. Esta situación se explica, entre otros motivos, por la incapacidad de los gobernantes de construir consensos y narrativas que nos cohesionen como sociedad, que nos hagan sentir parte de un gran proyecto colectivo, y que nos movilicen a trabajar por un propósito superior. Un gobernante capaz de movilizar a los empresarios, la academia, las organizaciones sociales y a la sociedad en general, es capaz de orientarnos en la senda de crecimiento y prosperidad para todos. Colombia no ha sido ajena a la crisis de la región, pero esta se ha venido profundizando con el gobierno actual. Resalto tres retos que se refuerzan entre sí.
Primero, la polarización política se ha convertido en una de las principales características del panorama político latinoamericano. Esta polarización se manifiesta en el enfrentamiento entre dos visiones antagónicas, que en los últimos años se han orientado más hacia los extremos, anulando las posibilidades de consensos. Tal es el caso colombiano, donde el gobierno del Presidente Gustavo Petro ha radicalizado sus posiciones. Después de varios proyectos de ley fallidos en el Congreso, hemos visto como se ejecutan reformas de facto, por decreto, o haciendo uso de su poder sancionatorio mediante la activación de las superintendencias y órganos de inspección y vigilancia.
Segundo, la desconfianza en las instituciones es otro factor que ha contribuido a la crisis de la democracia en América Latina. Esta desconfianza se explica en los altos niveles de corrupción, la ineficiencia del Estado y la falta de transparencia en la gestión pública. Esta desconfianza ha llevado a un aumento del apoyo a líderes populistas y autoritarios que prometen soluciones rápidas y fáciles a los problemas ciudadanos. Según la última encuesta mundial de valores, la corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones de los colombianos, con un 72% que la considera un problema grave. En Colombia los escándalos de corrupción se siguen uno tras otro, y en lugar de asumir responsabilidades el Gobierno Nacional se escuda en narrativas como la del “golpe blando,” que solo buscan desviar la atención de los problemas estructurales de nuestro país.
Tercero, el debilitamiento del Estado de derecho es otra grave amenaza para la democracia. Este debilitamiento se manifiesta en la falta de independencia del poder judicial, el aumento de la violencia y la criminalidad, la impunidad, y la inestabilidad jurídica. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre, promoviendo ambientes poco propicios para la materialización de negocios, y alejando las posibilidades de inversión—tanto nacional como extranjera. Esta crisis ha frenado el desarrollo económico y social, como lo muestra un reciente estudio presentado por el grupo de Coyuntura Económica de la Universidad EAFIT, donde se estima que el crecimiento del producto interno bruto sea del 0,2 % en los primeros meses del año, y del 0,9 % para todo el 2024.
Lo que vivimos en Colombia es grave y tenemos que abrir los ojos frente al ruido de una constituyente. La inestabilidad de las fuerzas armadas, la crisis económica, la desinstitucionalización del país, la baja ejecución, las denuncias por corrupción, pueden llevarnos a vivir una noche oscura. Empresarios, magistrados de las cortes, congresistas, academia, organizaciones sociales y ciudadanos, no esperemos a que no haya nada que hacer.
Cada uno, desde el lugar que ocupa en la sociedad, puede tomar acción sobre lo que está sucediendo. Puede alzar la voz, denunciar, proponer y apostarle al país a espaldas de un gobierno que está llevando nuestra democracia a una caída libre.
