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En Colombia se ha llegado a unos niveles escandalosos de tolerancia con el delito como lo marcan unas cifras que ya no podríamos llamar preocupantes, sino catastróficas.
Transparencia por Colombia ha realizado estudios confiables que nos indican que de cada 100 delitos solo se investigan 6, una impunidad del 94 %.
De esos 6 delitos que reciben alguna sanción, muchos van a casa por cárcel, caso en el cual la sanción efectiva se convierte en una burla para la sociedad. Tal ocurre con los delitos de cuello blanco, o delitos por corrupción, en los cuales las penas que se imponen son verdaderamente irrisorias, con beneficios para los delincuentes como reducciones sustanciales de la pena por confesión, devolución de parte de lo hurtado, casa por cárcel o libertad por el famoso “vencimiento de términos” que se ha convertido en la fórmula más expedita para eludir el establecimiento carcelario.
En Colombia el tiempo promedio de un proceso penal es actualmente de 5 años, cuando en naciones como México es de 1 año, 13 meses en Perú y 8 meses en Corea del Sur. En América Latina nuestro país ocupa el puesto 17 entre 18 que tienen un mejor y más eficiente sistema judicial, estamos en la cola.
Señala la Fundación Paz y Reconciliación, que en el Índice Global de Impunidad nuestro país ocupa el 5 lugar entre 59 que se midieron.
El Informe ONU nos arroja un resultado demoledor: en solo el 13 % de feminicidios llega a imponerse una condena. En casos de desaparición forzada de 80.000 casos registrados en 2018, se había investigado 7.700 y únicamente 337 tuvieron condena.
En casos de hurto, el problema es abrumador, lo mismo en homicidios, narcotráfico y corrupción.
En los casos de corrupción la impunidad es gravísima. Como lo manifestara en su oportunidad la politóloga Elizabeth Ungar “mientras el costo de la corrupción sea menor (sanciones fiscales, penales y administrativas) que el beneficio que produce, los corruptos seguirán actuando”.
El llamado acuerdo de la Habana entre el gobierno y las Farc acabo convirtiéndose en un pacto de impunidad por los múltiples delitos de lesa humanidad cometidos por esa agrupación armada.
Para agravar este oscuro panorama ahora nos sorprende el presidente Petro con la expedición del decreto 2422 del 9 de diciembre, mediante el cual se crea la comisión y se fija el derrotero para la liberación de los condenados por los crímenes comunes y atroces cometidos durante el paro nacional. Se les convertirá ahora en “gestores de paz”, una burla más a la justicia y a la paz.
Con razón la ética y la moral han desaparecido, tanto en el gobierno como en la vida privada.
Como señala Juan Gossain, “en Colombia la única moral que va quedando es la de la mata de moras”.
Post scriptum: Un nuevo escándalo del poco ejemplar ex contralor Sergio Zuluaga Peña fue dado a conocer esta semana por este medio y redes sociales con bienes que le fueron confiscados y que administra la SAE. Mientras, la Procuraduría nos investiga por haberlo denunciado desde el Concejo de Medellín en varios hechos de corrupción que afectan su “buen nombre” y “reputación”
