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El Estado de Derecho y la democracia exigen para su vigencia instituciones sólidas, efectiva coordinación entre las ramas y órganos del poder público con respeto del sistema de frenos y contrapesos, claridad suficiente en los roles institucionales, respeto de los derechos y libertades de los asociados, cumplimiento de los deberes ciudadanos y cabal direccionamiento de la gestión pública hacia el logro de los intereses nacionales. Todos estos aspectos están reglados en la constitución política de nuestro país, las normas que la desarrollan y el objetivo 16 de la agenda global de desarrollo sostenible.
Hoy, sin embargo, buena parte de la población colombiana piensa que no se están dando las condiciones para el pleno cumplimiento de esos imperativos, con serias preocupaciones sobre nuestro inmediato futuro. Parece que las relaciones Estado – Gobierno – Fuerza Pública no son armónicas y que el camino señalado por el gobierno no conduce al estado de bienestar al que con justicia aspiramos, ni al discernimiento empático que la paz exige.
Como consecuencia, en las instituciones directamente responsables de la seguridad y la defensa existe incertidumbre y desasosiego por la carencia de una política que defina horizonte, doctrina, roles y procesos. Ello, sin lugar a duda, afecta su motivación, capacidad de reacción y efectividad.
El propósito de la “paz total” es entendido como un justo anhelo, pero se advierte que no contempla en sus fundamentos los preceptos que indican que la Fuerza Pública es esencial para mantener el imperio de la ley, la libertad y el orden. Ellas es la única institución encargada de ejercer la violencia legítima para impedir la anarquía y el deterioro de las libertades ciudadanas. Sin el apoyo del ”binomio pueblo-fuerzas armadas” la paz y la justicia pueden resultar una quimera.
Abonando el tema, la efectividad de la técnica militar depende del desarrollo económico y científico de cada Estado, así como de su direccionamiento político. Esta condición es más relevante en democracias como la colombiana, donde el presidente de la República es simultáneamente jefe del Estado, de Gobierno, suprema autoridad administrativa y símbolo de la unidad nacional. Consecuentemente, le corresponde dirigir las Fuerzas Armadas de la República, como su Comandante Supremo.
Un riesgo grave surge cuando las Fuerzas Armadas se sienten carentes de una dirección efectiva y el ejecutivo se queda corto, por acción o por omisión, en el cumplimiento de sus funciones. Con ello se hace posible la desinstitucionalización del país, el quebrantamiento del orden jurídico y la anarquía. Si ello sucediera, ¿cuál debería ser el accionar de las Fuerzas Armadas? ¿Su lealtad constitucional se referiría al Estado o al gobierno? ¿Y cómo podría interpretarse la formula del filósofo del derecho Gustav Radbruch (la ley resulta invalida cuando es insoportablemente injusta )?
Por supuesto, las Fuerzas Armadas no deben ser árbitros en el accionar del ejecutivo ni intérpretes de los intereses del Estado; pero es necesario precisar que el riesgo de error aumenta en caso de que sean instrumentadas por fuerzas políticas partidistas, con el pretexto de defender el orden constitucional. .
