Por Daniel González Monery
Universidad del Atlántico
Lic. Ciencias Sociales, semestre 8
moneri11@hotmail.com
Nada supera el cinismo descarado de los senadores del ahora partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, producto de los acuerdos de paz entre la extinta guerrilla y el Estado colombiano. En cabeza de sus dirigentes Rodrigo Londoño, alias Timochenko, otrora máximo comandante subversivo y hoy presidente de la colectividad, y de Sandra Ramírez, compañera sentimental del histórico líder y fundador de la guerrilla, “Manuel Marulanda” y hoy segunda vicepresidenta del Senado, han salido a dar polémicas declaraciones que le siguen dando la razón a quienes se oponen a la paz pero que también generan la repulsión, el rechazo y la indignación de los colombianos.
Intolerable que quienes ordenaron fusilar niños por pretender escapar de un infierno criminal; quienes imponían cuotas de reclutamiento sin límites de edad; quienes permitieron violar guerrilleritas y las forzaron a abortar; quienes en lugar de libros les dieron metralletas, granadas, minas antipersona y los enseñaron a matar, digan que no hubo en sus filas menores reclutados de manera forzosa sino voluntaria y, menos, según ellos, violaciones ni violencia sexual contra esos mismos menores quienes también asumían labores de aseo y cocina.
Como lo han afirmado organizaciones como la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), no se puede hablar de voluntariedad de los niños, niñas y adolescentes para ingresar a un grupo armado. Esta situación está viciada por su entorno: problemas de violencia intrafamiliar, su situación económica, la falta de oportunidades para tener un proyecto de vida, el poco acceso a la educación, entre otras circunstancias. Estos contextos crean el imaginario de que hacer parte de un grupo armado sí es opción para salir adelante o tener ingresos económicos.
Es inadmisible que intenten negar la realidad que ellos mismos iban construyendo en cada vereda o territorio que dominaban con la fuerza de las armas y el miedo de la muerte. Esos parlamentarios no solo carecen de autoridad moral para decir nada, sino que no muestran señal de arrepentimiento ni voluntad de asumir su responsabilidad frente a los miles de infantes que reclutaron. Siguen en su discurso falaz de que solo tenían “13 niños menores, de 15 años”, huérfanos e hijos de guerrilleros, a los que acogieron para alimentar y educar.
Estas desatinadas declaraciones son un claro retroceso en la búsqueda de la verdad, la reparación y el perdón que esperan miles de víctimas.
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