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La Constitución Política de Colombia cumplirá 30 años en julio de este nuevo año. Se justificó su aprobación principalmente por la ampliación de derechos, la modernización de la justicia, el combate al clientelismo y la descentralización de recursos y competencias. Con alborozo y optimismo los colombianos recibimos su promulgación. Durante este tiempo ha sido objeto de 55 reformas, buscando corregir sus inconsistencias y capacitarla para atender nuevas situaciones y problemas. Las últimas versan sobre la cadena perpetua por violación de infantes y la creación de la Zona Metropolitana de Bogotá.
Pero el ánimo de cambio parcial de la Constitución continúa, puesto que en la legislatura 2020-2021 se presentaron 54 proyectos de acto legislativo para reformarla: 25 en el Senado de la República y 29 en la Cámara de Representantes. Once sobre ampliación de derechos: al agua, a la alimentación adecuada y a no padecer hambre, a la canasta básica, a internet, a la educación, a la vivienda digna, a la educación superior gratuita, los de la naturaleza y los animales y al cannabis recreativo.
Diecisiete sobre aspectos políticos: reforma política y electoral, circunscripción internacional para ampliar el número de senadores y representantes, disminución de la edad para votar, personería jurídica a partidos y movimientos acreditando afiliados, tres períodos de los miembros de cuerpos colegiados, requisitos para ser senador, representante y presidente, derecho al sufragio para militares, sesiones virtuales, voto virtual, periodos legislativos a partir de enero y no de marzo, voto obligatorio, eliminación de la Vicepresidencia, control político a alcaldes y gobernadores, elecciones primarias, facilitar el voto campesino, requisitos para ser ministro o director y modificación al salario de congresistas.
Y el resto sobre variados asuntos: creación de distritos en Medellín, Puerto Colombia y Villavicencio, supresión de la Jurisdicción Especial para la Paz, prohibición de minería en páramos, de consumo de drogas en sitios públicos y de semillas transgénicas, inhabilidades de ocho años de magistrados de las altas cortes y de los organismos de control para aspirar a ser congresistas o presidente, cambio en la elección de fiscal, elección de magistrados de altas cortes por concursos de méritos con participación de universidades, creación de mecanismos de defensa de la economía, prisión perpetua por feminicidios, régimen especial de la Amazonia, supresión de contralorías regionales, entre otros.
Hoy, 30 años después, los colombianos tenemos derecho a preguntar si lo que se propuso mejorar con la Carta de 1991 y con sus permanentes reformas funciona. Por ejemplo, si la justicia opera satisfactoriamente, si el clientelismo desapareció, si la descentralización ha dado mayor poder a las autoridades regionales, si los cambios puntuales han sido útiles. Lamentablemente, la respuesta es no. Por eso, es indispensable invitar a reflexionar sobre nuestra Constitución Política en conjunto por la sencilla razón de que muchas de nuestras instituciones no marchan bien y que su actual aplicación no responde a las esperanzas que depositamos en ella.
Mas debe destacarse que la Constitución no requiere tan solo unas cuantas reformas dispersas, como las hechas hasta ahora, sino un tratamiento integral y en profundidad, que considere nuestra propia experiencia, el derecho comparado en la materia y atienda la sugerencia de Robert Dahl en su libro Democracia: “puede que no sea una mala idea que un país democrático, una vez cada veinte años o algo así, reúna a un grupo de expertos constitucionalistas, líderes políticos y ciudadanos informados para evaluar su Constitución”
