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Mientras el país registra otro escándalo más de corrupción en el andamiaje judicial –que se ha vuelto tenebroso, no solo por la impunidad que lo cobija sino por lo repetitivo– la institución World Justice Project revela, en prolijo estudio, una decadencia ostensible en cuanto a la seriedad y solidez del Estado de derecho en Colombia.
Según esta entidad el país empeora cada año en los índices de credibilidad y efectividad de su Estado de derecho. En solidez ocupamos el puesto 80 en el mundo, con una calificación vergonzosa de 0,5 %. Estamos en un rango similar a Guyana, Belice, El Salvador.
Para llegar a esta deplorable situación, la institución calificadora evalúa el grado de corrupción, de desorden, de inseguridad, de injusticia en todas las áreas de la aplicación de la jurisprudencia. Y ahí Colombia se oscurece hasta llegar a la penumbra.
Mientras al país lo rajan en cuanto a la existencia de un Estado confiable, naciones latinoamericanas como Uruguay, Costa Rica, Chile, Argentina, Brasil, Panamá, Perú, están en mejores posiciones en la galería de democracias funcionales. Nuevamente se encuentra consuelo en el hecho de superar a Venezuela, Bolivia, Méjico, naciones hoy en poder de gobiernos de izquierda populista.
Esta crítica coyuntura parecería no despertar mayor atención en sus fuerzas vivas, anestesiadas para no sentir con dolor y preocupación las tragedias institucionales. Se continúa soslayando el circo de los escándalos como el de recibir en la penumbra un candidato de la izquierda populista sospechosos dineros en efectivo. Burlar los compromisos internacionales congelando la extradición de subversivos reinsertados. Mirar estupefactos la circulación por debajo de las mesas de bares, dineros calientes para sobornar fiscales de la JEP. Nombrar en la controvertida JEP, como asesores excesivamente remunerados –violentando los regímenes de inhabilidades– a hijos de expresidentes cuestionados. Se le echa más combustible a la hoguera en donde se calcina la justicia y el derecho en esta “anarquía constitucional”, como exclamaría el filósofo de Otraparte.
Apenas se estaba asimilando el impacto del informe del World Justice Project, cuando la influyente revista The Economist, situaba a Colombia en la lista de “democracias imperfectas”. Nuevamente se le coloca por debajo de Uruguay, Chile, Costa Rica. Califica el país como democracia más formal que real. Atiborrada de incisos, parágrafos y toda la utilería jurídica de país leguleyo.
La fragilidad e incompetencia del Estado de derecho colombiano es proverbial. Arranca de la Patria Boba. Hoy, sí, aparecen más escándalos que comprometen la justicia. La opinión nacional se desencanta de ella y desconfía de quienes la aplican y vigilan.
La impunidad se fortalece y la confianza cae. Un estudio de Planeación Nacional revela que un alto porcentaje de colombianos no acuden a las instituciones encargadas de dictar justicia porque no creen en su eficacia. Por eso abundan grupos que ejercen la justicia por sus propias manos. Con los escándalos, crece y crece la audiencia de aquellos que no quieren oír ni creer en las instituciones ni en los fallos de una justicia tardía y somnolienta.
