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Superados, solo en parte, los momentos más difíciles generados por la irrupción del coronavirus, que han obligado al planeta entero a adoptar medidas que restringen de forma notable el ejercicio de las libertades, sobre todo mediante el encierro y el aislamiento, ahora se da paso —en especial en nuestro país— a otro tipo de limitaciones que, de una o de otra manera, también están ligadas con ese fenómeno. En efecto, con la grave crisis económica desatada que ha profundizado los abismos entre las clases sociales y la consiguiente pérdida de oportunidades para muchos, el desgobierno, la violencia generalizada, las movilizaciones de los inconformes, etc., también han resurgido o se han afianzado diversas formas de delincuencia, que ponen en peligro la estabilidad institucional, la vida, la libertad y los bienes de las personas y, en general, los derechos humanos.
Piénsese, para no ir muy lejos, en graves crímenes como el asesinato cotidiano de líderes sociales (solo en 2021, Indepaz habla de 142 víctimas), reinsertados del grupo Farc (para la Onu la cifra llega a casi 300 desde 2016, de los cuales, 41 en 2021, según Indepaz), serios destrozos en diversas ciudades durante las protestas de los últimos meses (lo ocurrido en Bogotá, Cali y Popayán, etc., es paradigmático), casos de corrupción, entre los cuales sobresalen los ruidosos eventos en la contratación pública hoy en manos de oscuros carteles (recuérdese el caso de Centros Poblados y el contrato de MinTic), atentados contra la vida y la integridad de mujeres y niños, delincuencias de Estado y de transnacionales, criminalidad callejera, hurtos, extorsiones, etc.
Pero durante las últimas semanas, llaman la atención los asaltos masivos a restaurantes, medios de transporte público, comercios y lugares de habitación, que son cometidos por pandillas organizadas. En algunos eventos, esas bandas tienen objetivos precisos, como lo muestra una excelente investigación a cargo del distinguido comunicador de este periódico Nelson Matta Colorado, publicada esta semana e intitulada “Comandos ilegales a la caza del oro”, que da cuenta de diversos atracos a comercializadoras donde, se sabe, hay joyas y se procesa ese preciado metal; sin duda, se trata de grupos que actúan con base en patrones comunes, cuyo accionar mucho recuerda a la serie televisiva “La casa de papel”.
El cinematográfico hurto calificado del día 4 de noviembre a una firma procesadora de oro en el barrio Manila, precedido de conductas similares, es una buena muestra de ello, así el desmañado alcalde de la ciudad haya salido a las redes sociales a decir que los planes de los criminales se frustraron y todo quedó en una mera tentativa. Lo que sí parece cierto, aparte de diversas capturas —entre las cuales, la de una persona cuya inocencia fue comprobada por el juez de control de garantías—, es que hubo una oportuna respuesta policial que evitó un botín mayor al esperado.
Por eso, ante el temor de ser atracados en lugares públicos o en los propios negocios o unidades residenciales, muchos ciudadanos han adoptado medidas extremas para evitar esos hechos y se han recluido de forma forzada en sus hogares, así en ellos no tengan la tranquilidad añorada. A no dudarlo, hechos tan graves como estos demandan el pronto accionar de las autoridades mediante la debida prevención y represión de tales conductas; como es obvio, eso requiere de agentes de la autoridad preparados, bien coordinados y prestos a neutralizar a los insaciables bandidos. Además, del accionar de la Fiscalía General de la Nación —burocratizada y mal conducida—, de los jueces y, en general, de todos los organismos encargados de la persecución penal en los diversos niveles.
Por supuesto, también urge colaboración de parte de la ciudadanía, los gremios, la banca, el comercio, la industria, etc.; si a estas manifestaciones no se les pone coto de forma oportuna, terminaremos sitiados por los criminales y viviendo en una cuarentena permanente, presas del espanto y a merced de ellos
