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Nuevamente debo referirme, sin sesgos doctrinarios ni animadversión alguna, a desaciertos gubernamentales que afectan el hoy y el mañana de la vida nacional. Esta vez para advertir los graves riesgos que para nuestra institucionalidad y, en general, para la sociedad colombiana representan las amenazas de organizaciones de diferente orden al mandato constitucional sobre el monopolio de la fuerza, la reacción complaciente del gobierno y la probabilidad de pulverización o, al menos, de precarización de este monopolio.
Las acciones permisivas o al menos no preventivas ni eficaces del gobierno nacional ante hechos amenazantes y violentos por parte de la guardia indígena, las guardias campesinas, organizaciones del narcotráfico y el ELN, no solo siembran desconcierto e inseguridad en las comunidades, sino que erosionan la autoridad legítima y la estructura armónica del Estado.
De hecho, el artículo 223 de la Constitución Política determina que el monopolio de las armas y el principio de exclusividad del uso de la fuerza está en cabeza del Estado. A su vez, el Decreto Ley 2535 de 1993 define como armas a “todos aquellos instrumentos fabricados con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte a una persona” por lo que es válido clasificar como tales a los bastones de los guardias indígenas, antes poseedores de un alto valor simbólico.
La Guardia Indígena en Colombia es aceptada como una organización ancestral de los pueblos indígenas para la protección colectiva y no violenta, para la defensa de su territorio, su autonomía y su cultura ancestral. En consecuencia, su accionar solo es legítimo cuando está encaminado a la defensa pacífica de su territorio, su forma de vida y su pensamiento.
De otra parte, los grupos armados, autonombrados “guardas campesinas” no tienen fuerza legal. Son un proyecto del partido Comunes, nacido del acuerdo con las FARC-EP, que busca “reconocer y reglamentar las guardias campesinas como mecanismo comunitario de protección permanente”. El proyecto señala que no será un cuerpo armado y que en ningún caso reemplazará las funciones y obligaciones de las Fuerzas Militares y de Policía, sino que tendrá un carácter comunitario, civil y pacífico. Sin embargo, lo que estamos viendo es bien diferente.
Lo que está sucediendo en el noroccidente del país con el Clan del Golfo lo predije en la columna posterior a la captura de alias Otoniel. Sus actuaciones son lo esperable por su naturaleza criminal y mafiosa.
El punto culminante es la posición del jefe del ELN, conocido con el alias de Antonio García, quien declara que su organización “puede realizar acciones militares, así como las hacen la Policía y las Fuerzas Armadas gubernamentales”. El mensaje es que la negociación es entre iguales.
Si nos alejamos de los árboles para poder ver el bosque y recordamos a Adam Smith, podríamos formular la hipótesis sobre la existencia de una mano invisible que pretende mover los cimientos del ordenamiento constitucional mediante el debilitamiento del monopolio de la fuerza y el fortalecimiento de actores que precarizan el orden.
¿Qué pensará el mando militar al respecto? .
