viernes
no
no
“Si nos quedamos callados, nos matan; y si hablamos, también. Entonces hablamos”. Con estas palabras, la gobernadora indígena Cristina Bautista describió pocos días antes de su muerte la tragedia que viven miles de indígenas del Cauca, acorralados por grupos armados que se disputan el dominio de su territorio para controlar el cultivo y el tráfico de drogas.
Cristina, de 42 años, ―una líder de la etnia Nasa que se había graduado como trabajadora social en la Universidad del Valle y era una de las defensoras más comprometidas de los acuerdos de paz― murió el martes junto con cuatro miembros de la Guardia Indígena cuando viajaba en un carro de la Unidad Nacional de Protección por una carretera de la vereda La Luz, en Tacueyó.
Según un testigo que sobrevivió a la masacre, el vehículo fue atacado con varias ráfagas de disparos que duraron más de 10 minutos. Cinco indígenas más resultaron heridos. Hermes Pete, consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, dijo que el ataque fue realizado por la columna móvil Dagoberto Ramos, una disidencia de las Farc que se disputa la zona con otros grupos armados.
El Ejército Nacional informó que el crimen habría sido “en retaliación por capturas que estas comunidades nativas habrían efectuado, aplicando normas y leyes, según su jurisdicción, en defensa de los territorios frente a grupos armados al margen de la ley”.
Dos días más tarde, una nueva masacre sacudió la región: cuatro miembros de un equipo de ingenieros y topógrafos que desarrollaba trabajos de reconocimiento fueron asesinados en la vereda Santa Elena, de Corinto, y un indígena más fue acribillado a balazos en la vereda Guasanó, de Caloto.
La Organización de Naciones Unidas lamentó la gravedad de la situación y dijo que este año se han documentado 52 asesinatos de indígenas en el territorio Nasa, en el Cauca. “De las 52 personas asesinadas, 11 eran defensoras de derechos humanos. Además, el pueblo Nasa ha recibido 74 amenazas de muerte y nueve ataques” informó la organización. La ONU pidió al Gobierno responder a esta situación “de forma integral y de manera concertada, y no solo a través del incremento de la presencia militar”.
La portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, urgió al gobierno a que “rompa el ciclo de impunidad relacionado con amenazas, acosos y asesinatos que tienen como blanco a pueblos indígenas”. También pidió que la solución sea integral y en diálogo con las comunidades afectadas, que siempre han buscado mantener a los grupos armados lejos de su territorio.
Sobre la ola de crímenes, la Organización Nacional Indígena informó que en los últimos 14 meses tiene registrados 120 asesinatos, incluidos los de esta semana. Esto equivale, en promedio, al crimen de un indígena cada 72 horas. Para la ONIC es claro que muchas de estas muertes tienen que ver con las negativas de las comunidades a participar en el negocio del narcotráfico.
Sin embargo, advirtió que las continuas agresiones a las organizaciones sociales no pueden ser leídas reduciendo su autoría solamente a las llamadas disidencias de los grupos guerrilleros. Ellas muestran que se están configurando nuevos fenómenos de paramilitarismo. Por ello, reclamó al gobierno nacional que se atienda esta situación de manera inmediata, pues “la omisión es un acto que contribuye al genocidio indígena”.
La ONIC insistió en que la alternativa no es una mayor militarización, sino el fortalecimiento de la Guardia Indígena, el establecimiento de un diálogo de Autoridad a Autoridad y la implementación del Acuerdo de Paz.
Me uno al dolor de los indígenas del Cauca causado por la muerte de la gobernadora y sus demás hermanos. También me sumo a sus propuestas para poner fin al genocidio y recobrar la paz.
