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Con indignación he visto en los medios de comunicación la forma como en algunas áreas del país se está maltratando a nuestros soldados, servidores públicos que, cumpliendo el mandato constitucional (artículo 216), defienden la independencia nacional y las instituciones públicas y cumplen con celo su deber profesional. Eso no es justo, pero indica que algo o mucho anda mal.
Según nuestra constitución estamos organizados como un Estado social de derecho, pero la realidad nacional dista mucho de acatar su normatividad, al punto de poner en riesgo ese “querer ser”; y cuando estamos en riesgo debemos actuar.
Particularizando el tema, el creciente irrespeto a la fuerza pública es inaceptable, por lo que la sociedad colombiana debe repensar la concepción que el país tiene de la seguridad y la forma como tiene estructurado el sistema responsable de su gestión. Mis últimas columnas sirven de línea base para los siguientes párrafos.
Preguntémonos: ¿qué concepción de seguridad necesita el país?, ¿ella necesita reglas?, ¿cuáles deben ser los fundamentos éticos de las estructuras de seguridad?, ¿el monopolio de la fuerza necesita reglamentarse?, ¿está debidamente estructurado? La ausencia de respuesta en la normativa vigente lleva a la necesidad imperiosa de una ley de seguridad y defensa.
Esa ley, esencial para el beneficio de la sociedad, de los intereses nacionales, y para resolver la incertidumbre en los cuarteles, necesita ser dialogada con las fuerzas vivas del país, en la academia, con los medios de comunicación, con los mandos militares, con los organismos de control y con los partidos políticos.
El diálogo debería partir de la aceptación o no de concebir a la seguridad como un bien público de construcción colectiva, prerrequisito para el desarrollo humano social y económico.
De allí afloran otras inquietudes como:
¿La seguridad de la población se logra a partir de la seguridad del Estado o lo contrario?
¿Cuáles son las relaciones entre la seguridad y vida digna?
¿La ausencia de armas es suficiente para lograr una sociedad segura y sin amenazas?
¿Cómo cambiar la estrategia de contención adoptada con cuestionable éxito en los últimos 50 años?
Las líneas transversales del análisis deberían ser la previsión, la ética del cuidado, el sentido de humanidad, la protección de la biodiversidad y el medio ambiente, la corresponsabilidad entre gobierno, población y Fuerzas Militares en la gestión de la seguridad y la complementariedad entre seguridad y defensa.
En cuanto a las Fuerzas Militares, ellas necesitan fórmulas para acrecentar su legitimidad y sus relaciones y sinergias con la sociedad y con las instituciones con las cuales comparte tareas.
Una de ellas es superar el concepto del enemigo interno. El expresidente Santos expresó en su discurso al recibir el Premio Nobel: “...el primer paso, uno crucial, fue dejar de ver a los guerrilleros como enemigos, para considerarlos como adversarios. El general Álvaro Valencia Tovar me enseñó esta diferencia”.
Es que la expresión “enemigo” tiene una connotación de lucha pasional y de odio que no corresponde al honor militar, tema al cual me referiré en mi próxima columna.
