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Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo dieron otra puntada en la confección de una dictadura hereditaria en Nicaragua. Con el propósito de afianzar legalmente lo que ocurre de facto hace ya varios años, la pareja presidencial presentó a la Asamblea Nacional —que controla totalmente— una renovación de la constitución para crear la figura de “copresidencia” que tendrá funciones equiparables a las del presidente de la república, y que le permitirá a la pareja manejar el país sin limitaciones.
La reforma —que es la doceava que sufre la constitución nicaragüense desde que Ortega subió al poder en el 2007— pretende también ampliar el periodo presidencial de cinco a seis años y depositar en el presidente y la copresidenta el manejo completo del Estado. El Ejecutivo coordinará no solo el Gobierno, sino los “órganos Legislativo, Judicial, Electoral y de control de la Administración Pública y Fiscalización y los entes autónomos”, según reza el proyecto. El burdo maquillaje legal de la dictadura amenaza también con una vigilancia estrecha de los medios de comunicación opositores y faculta la intervención del Ejército como apoyo a la Policía cuando “la estabilidad de la República lo requiera”. Control total.
Mientras el delfín Laureano Ortega Murillo, hijo de los monarcas nicaragüenses, espera su turno, los pocos espacios democráticos y de disenso desaparecen del país centroamericano. La radicalización del discurso de Ortega y Murillo tras las masivas protestas populares del 2018 tiene como claro objetivo la permanencia hereditaria de la familia en el poder y borrar cualquier posibilidad de crítica.
Con el pueblo amordazado, los medios de comunicación amenazados y la oposición expulsada del país (incluso con muchos de sus liderazgos despojados de su nacionalidad), parece imposible que se logre un cambio político en Nicaragua en los próximos años. Algunas de las voces en el exilio insisten en que solo la comunidad internacional podría levantar las alarmas suficientes sobre un país que se convirtió en una finca de administración familiar. Ortega, con 79 años, y Murillo, con 73, se atornillan a la presidencia por lo que les resta de vida y definen desde ya el camino que heredará su hijo de 42, un funcionario plenipotenciario que cambia de cargo según las necesidades del relato gubernamental y actúa siempre con poderes absolutos en representación del gobierno.
En un hemisferio que ha tenido que soportar en su historia los abusos de presidentes y presidentas que insisten en transformar las leyes para beneficio propio, que encarcelan opositores y roban elecciones, la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo nunca deja de sorprender por ir un paso más allá. Por despedazar la democracia con el cinismo y la corrupción de los que se creen intocables. Esta última reforma de la Constitución (que es en realidad el destrozo de la misma) constituye una tragedia más en la larga y pavorosa noche de la dictadura orteguista y nos revela que su final está muy lejos.
