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La historia del sector eléctrico en Colombia está marcada por un antes y un después del apagón de 1992-1993. Durante 343 días, los colombianos enfrentaron racionamientos diarios que evidenciaron la fragilidad de un modelo estatal ineficiente, con cortes frecuentes, cobertura limitada al 70% y finanzas públicas debilitadas. Este episodio marcó el inicio de una transformación profunda, liderada por la Constitución de 1991, que dio paso a un sistema mixto, donde empresas públicas y privadas compiten bajo reglas claras y una institucionalidad fortalecida.
En los últimos 30 años hemos tenido avances significativos. Hoy, el 96% de los colombianos tiene acceso al servicio eléctrico, y los indicadores de calidad han mejorado notablemente. Nuestra tarifa, cercana al promedio de América Latina, ofrece una relación calidad-precio difícil de igualar en la región. Mientras países vecinos enfrentan apagones prolongados y frecuentes, Colombia ha demostrado resiliencia incluso ante fenómenos extremos como El Niño o ataques sistemáticos a su infraestructura energética. Estos logros no son accidentales; son fruto de un marco regulatorio que combina criterios técnicos y económicos con una política tarifaria solidaria que permite que los sectores de mayores ingresos subsidien a los más vulnerables. Este esquema no solo ha mejorado la calidad de vida de millones, sino que ha creado un entorno de confianza que ha atraído inversiones, generando más de 7 billones de pesos anuales en tributos y recursos para las comunidades.
Sin embargo, no todo es color de rosa. Los retos son enormes. El crecimiento de la demanda energética supera ampliamente la velocidad con la que se amplía la oferta. Proyectos de generación, claves para el futuro, enfrentan obstáculos relacionados con licencias ambientales, consultas previas y conflictos sociales. Además, aunque contamos con un gran potencial para desarrollar energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica, su despliegue aún es limitado. La situación es preocupante: la proyección de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) advierte que podríamos enfrentar déficits de generación en los próximos años si no se acelera la implementación de nuevas iniciativas. Este problema no solo afecta la seguridad energética, sino que pone en riesgo nuestra competitividad económica. Es urgente destrabar proyectos de transmisión y fortalecer la capacidad instalada, pues sin una red de transmisión robusta y diversificada, cualquier avance en generación será insuficiente.
El desafío también pasa por la sostenibilidad de las reglas de juego. La idoneidad de los órganos reguladores, como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), y el nombramiento en propiedad de sus comisionados, es fundamental para garantizar decisiones basadas en criterios técnicos. Cambiar las leyes que han regido el sector sin un análisis riguroso podría generar incertidumbre y frenar inversiones, devolviéndonos al escenario de los años 90.
El sector eléctrico ha demostrado ser una columna vertebral para el desarrollo del país. Colombia tiene la oportunidad de avanzar hacia un sistema aún más sostenible, diversificado e innovador, pero esto requerirá voluntad política, una visión de largo plazo y la confianza de los inversionistas. Si algo nos enseñó el apagón es que la energía más cara es la que no se tiene. Es una lección que no podemos olvidar.
