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El país y el mundo viven tiempos inciertos. Nada nuevo estoy diciendo. Muchos ciudadanos sienten desasosiego ante la inflación, el hambre y pocas certezas sobre el futuro. Situaciones que se agravan por esta intensa polarización.
Ante este tsunami de realidades y confrontaciones que, encontraron en las redes sociales un campo de batalla hostil y en ocasiones falaz y peligroso, hay un fantasma que preocupa y es motivo de mi reflexión. Es como un zumbido que se cuela entre la opinión pública: la idea de una posible Constituyente.
Atemoriza la idea. Colombia, con todos sus graves problemas, tiene una rica historia institucional y pese a que la tendencia actual, en ciertas narrativas, es poner el ojo solo en la desgracia que dibuja un país en ruinas y por reconstruir, debemos proteger y reivindicar nuestros avances como sociedad.
Somos el segundo país más poblado de la hispanidad, y una de las cinco economías más importantes de América Latina que ha logrado estabilidad macroeconómica y crecimiento a pesar de complejas condiciones internacionales. Posible, en buena parte, por nuestro entramado institucional. La Constitución del 91, norma de normas, ha sido uno de esos grandes pasos.
Las nuevas generaciones deben conocer esa historia, es reciente y trae en sus líneas una carta magna que nació del consenso, la representatividad y unidad. Es una Constitución amplia en derechos y que plasma como pocas la arquitectura de un Estado Social de Derecho. Legítima, producto del triunfo del diálogo, respeto y valor por la vida.
El texto del 91 subraya con atino y urgencia la independencia de poderes y señala una colaboración armónica entre ellos. Como lo dijo en días recientes la Corte Suprema de Justicia: “desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”.
También nuestra Constitución habla de la bondad de los pesos y contrapesos que surgió de una amplia Asamblea Nacional, presidida por la unión improbable entre Álvaro Gómez conservador, Horacio Serpa liberal y Antonio Navarro del M-19. Este último encontró, luego de dejar las armas, un camino en la civilidad y democracia.
La del 91 es nuestra novena Constitución, las anteriores fueron fruto de imposiciones de vencedores en las guerras civiles del siglo XIX.
Las arengas que incitan el enfrentamiento entre nosotros nos alejan de las soluciones, abren la puerta a salidas por fuera de la institucionalidad, reviven heridas y crean nuevas.
El gran reto de Colombia está lejos de una Constituyente. El desafío es lograr un eficaz funcionamiento del Estado y respeto a nuestras instituciones.
Proantioquia, quienes la conforman y me antecedieron en esta responsabilidad, se la han jugado por la construcción de una institucionalidad sólida: respetamos y trabajamos por su fortalecimiento.
Reivindicamos y tenemos un papel activo, desde el sector privado, en la agenda de desarrollo del país y en la vida digna de los colombianos. Defendemos la democracia liberal y libre empresa. Creemos en las alianzas público-privadas y sociales para la creación de valor público como una fórmula para la eficiencia y equidad.
La invitación es a cuidar las raíces, entender que las transformaciones, que son necesarias, para que sean duraderas y legítimas deben ser en el marco de la Constitución de 1991: plurales, legítimas y capaces de representarnos a todos. .
