Pico y Placa Medellín
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He sido defensora del patrimonio público, opción política que me ha llevado por un camino de constante preocupación sobre las decisiones que toman las diferentes alcaldías con las empresas del Estado. Igualmente me he interesado por priorizar el gasto público y la inversión social por encima de cualquier gasto.
Hoy me llama la atención el proyecto de acuerdo 135 de 2023 que está en curso en el Concejo de Medellín y que busca que EPM le entregue transferencias adicionales al presupuesto general por un monto de 330.000 millones de pesos.
El contexto inicial de este proyecto nos envía directamente hacia el Acuerdo Marco de relaciones entre EPM y la Alcaldía de Medellín, que marca la hoja de ruta de las obligaciones de la empresa con el presupuesto de la Alcaldía; este Acuerdo Marco, en el capítulo 2 sobre el convenio de gobernabilidad, en su numeral 2.2.2, dispone que las transferencias serán máximo del 30% de las utilidades anuales de la empresa, no obstante, se podrán obtener transferencias extraordinarias o adicionales siempre y cuando la empresa haya analizado sus necesidades de inversión para su propia gestión y sólo si la Alcaldía entrega de manera desagregada las inversiones que va a realizar con esos recursos. Este porcentaje ha venido variando con el tiempo, ya que desde la alcaldía de Sergio Fajardo se ha hecho costumbre llegar incluso al 55%.
Particularmente, me preocupa que en los conceptos entregados por la Alcaldía de Medellín al Concejo, no se informa de manera desagregada las inversiones que son sujetas de financiación con estos recursos, no le comparten a la ciudadanía el porcentaje de ejecución de los programas que serán adicionados con los 330 mil millones de pesos solicitados, y por último, no nos cuentan cuál es el concepto técnico entregado por EPM para conocer el impacto fiscal sobre la decisión de entregarle el 66% de sus utilidades anuales a la Alcaldía.
Un ejemplo de esto son los recursos que la Alcaldía le entregaría a la Secretaría de Infraestructura Física, ya que, le otorgarían aproximadamente 52.000 millones adicionales, a una entidad que cuenta con indicadores como: Espacio público construido en parques del norte en 0% de ejecución. Los 7.000 millones que irían para la Secretaría de Salud y que no conocemos si irían a programas como la nueva infraestructura hospitalaria entregada - Hospital Mental, que se encuentra en 0% de ejecución. Los 112 millones que irían para la Secretaría de las Mujeres a programas que cuenta con programas en 0% de ejecución como lo son: mujeres que disminuyen tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, a partir de la entrega de bienes de capital.
No podemos seguir atentando contra las finanzas de la Empresa de Servicios Públicos más importante de Colombia, más aún con una ejecución donde los indicadores siguen muy por debajo de los porcentajes que deberían tener para este periodo. Adicionalmente tenemos sectores sociales con unas demandas evidentes como el cultural, deportivo y de inversión social que nunca fueron atendidos y que hoy son la justificación del alcalde para hacer estas exigencias a la ciudad, a la empresa y a los y las concejales.
¿Está dispuesta la ciudadanía de Medellín a firmar este cheque en blanco a la actual administración municipal? Dejamos abierto este debate y que sea la ciudadanía quien hable.
