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Fue doloroso ver y escuchar los emotivos y desgarradores testimonios de los exsecuestrados de las Farc, de sus familiares, de los hijos de quienes murieron en cautiverio, están desaparecidos, o fueron asesinados brutalmente por los narcoterroristas de las Farc, en el encuentro llevado a cabo en la Comisión de la Verdad la Convivencia y la No Repetición, que preside el sacerdote jesuita Francisco De Roux.
Sin embargo, infame que tuvieran que hacerlo delante de los ojos impávidos de sus verdugos, de esos criminales que después de haber hecho lo que hicieron, hoy se pasean orondos impunemente. Cuánto valor, cuánta gallardía, exponer todas sus aflicciones y amarguras, cuando era sabida la fría y desabrida respuesta que obtendrían.
Odioso, además, teniendo conocimiento de que ninguna de las víctimas ha sido resarcida por los bandidos, a pesar de que fue esa una de las principales condiciones a las que debieron acceder para la firma del acuerdo, y que, por el contrario, somos los colombianos, y entre ellos, las víctimas allí presentes, quienes estamos sosteniendo con el dinero de nuestros impuestos los descomunales salarios que ellos reciben, los vehículos en los que se desplazan, los esquemas de seguridad que los protegen y les permiten vivir como señorones, posando de adalides de la moral y el buen hacer político.
Chocantes, a mi juicio, las elogiosas palabras del padre De Roux, para resaltar las bondades de los fingidos o tímidos reconocimientos que hicieran cada uno de los “reinsertados”, y la particular exaltación a alias “Timochenko” de quien dijo: “tiene una responsabilidad de liderazgo con este país”.
Vehemente y claro, sí, a la hora de recalcar que “los hechos ocurridos durante el secuestro, la forma como las personas fueron humilladas, sometidas al escarnio” o “asesinadas o desaparecidas”, no fueron “errores”, fueron “crímenes”. Porque esos son actos “de utilización de la libertad (...) por eso son crímenes”.
Sin embargo, no tuvo empacho alguno, en igualar la violencia de la guerrilla y la de los paramilitares, a la legítima acción militar del Estado, cuando dijo que “son actos en que un ser humano o un grupo, libremente, nadie lo está obligando, actúa como se actuó, y eso ocurrió, por supuesto, con las Farc, con los paramilitares y con el Estado (...) por eso se lleva a la justicia, a una justicia restaurativa, no es la penal, a la cárcel 60 años o 120 años, sino que es justicia basada en la verdad y construida sobre la verdad que es la que hemos estado buscando”.
Eventos como el del Nobel haciendo su amañado y estrafalario relato sobre los “falsos positivos”, o este cara a cara de la semana pasada entre víctimas y victimarios, son meras formas para justificar la impunidad que se tramita en la JEP. Espectáculos que corresponden a la entidad que pretende reescribir nuestra historia, cumpliendo con el libreto pactado en La Habana.
Quedó preparado entonces el terreno para cuando los honorables magistrados de la JEP entreguen su fallo sobre los secuestros e informen al país la cantidad de hortalizas y el lugar donde los narcoterroristas de las Farc serán obligados a sembrarlas.
Sabemos a qué atenernos cuando próximamente dicha Comisión entregue su sesgado informe final: ¡cualquier cosa menos verdad!
