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Imagine que el Ejército entra en su barrio a sangre y fuego. Que su hijo desaparece y usted sabe que fue asesinado. Y les suplica a las autoridades que busquen donde usted presiente que lo enterraron.
Ahora suponga que ese lugar, donde podría yacer su hijo, es cubierto por toneladas de basura.
Tras las operaciones Mariscal y Orión, el Bloque Cacique Nutibara (Bcn) estableció una base paramilitar en los altos de la Comuna 13. En las narices del entonces alcalde Luis Pérez, los paras subían a las víctimas para torturarlas, asesinarlas y enterrarlas.
Desde 2003, las madres de los desaparecidos empezaron a reunirse con la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía para denunciar las desapariciones forzadas. Suplicaron investigaciones. Imploraron el cierre del botadero de cadáveres del Bcn: La Escombrera y La Arenera.
Este 10 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) iniciará las excavaciones en un polígono seleccionado con base en testimonios de habitantes del sector, de madres buscadoras, y de paramilitares como Juan Carlos Villa (“Móvil 8”) y Jorge Enrique Aguilar (“Aguilar”). La información recogida por la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jep cubre un periodo entre los años ochenta y 2016 (con mayor incidencia en 2002 y 2003, por la salida de los Comandos Armados del Pueblo y llegada del Bcn). En 2020, la Jep determinó que son 434 víctimas. La alcaldía de Daniel Quintero trabaja con organizaciones sociales en la consolidación del universo de víctimas.
“Tenemos un listado de alrededor de 460 víctimas, pero no tenemos certeza de cuántas en La Escombrera y La Arenera. El dato más cercano es de «Móvil 8», que habló de un promedio de cincuenta”, dice Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad.
Hace años, algunas madres emprendieron la campaña “Escarbando la verdad, desenterrando la justicia”: con cascos, picos y palas, llegaron a las puertas de Construcciones El Cóndor para buscar a sus hijos.
No es la primera vez que se excava. Ni todos los cuerpos estarían en la Comuna 13.
Este procedimiento requerirá entre siete y nueve meses, precedidos de sondeos geotécnicos para evitar riesgos de deslizamientos. Se removerán 36.000 m3 de material.
Arboleda evoca una intervención técnico-forense apoyada por la alcaldía de Aníbal Gaviria, la cual dejó recursos que su sucesor jamás utilizó: “Ese fue el colmo de los colmos: Federico Gutiérrez no hizo nada, nunca, ¡ni siquiera recibió a las víctimas!”.
La actual alcaldía ha acatado las órdenes de la Jep. Construcciones El Cóndor también ha cumplido con cada requerimiento.
¿Qué responsabilidad les cabe a las administraciones que desde 2003 permitieron que se siguiera cubriendo con basura un sitio de posible inhumación? ¿Cuáles testimonios de La Escombrera se cruzarán con otros macrocasos de la Jep?
Dice el magistrado Gustavo Salazar, quien presidirá las audiencias: “La justicia está pagando una deuda que, en veinte años, no ha satisfecho los niveles de exigencia y rigor frente a las víctimas”
