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En la Política de defensa y seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad, el gobierno de Duque sostiene que: “la ausencia de instituciones estatales o su frágil presencia en zonas del territorio generan espacios vacíos de autoridad y Estado de derecho, dando lugar a marginalidad social, política y económica, que aprovechan los grupos criminales” (pág. 23).
La aceptación explícita de la ausencia de Estado y de la fragilidad institucional se repite en varias ocasiones a lo largo del documento oficial (págs. 6, 37, 38, 66 y 67). Se afirma que las autoridades no logran proteger ni garantizar los derechos de quienes habitan esos territorios.
Cuando aseveraciones similares se han hecho ante mecanismos internacionales de protección de derechos humanos por parte de organizaciones que defienden los intereses de víctimas de violaciones, los representantes estatales (de sucesivos gobiernos nacionales, incluyendo el de Duque) han puesto el grito en el cielo y, encendidos por la furia patriotera, han lanzado acusaciones de que se trata de mentiras y estrategias propias de guerras jurídicas para enlodar el buen nombre de las autoridades.
Puede ser que los funcionarios del gobierno de Duque solo querían pintar el caos del país, sin asumir responsabilidad. Desconocieron que, como autoridades estatales, son responsables de la muerte y la arbitrariedad que acontecen en los territorios en los cuales no hay Estado o donde el poder público está cooptado por criminales.
La implicación del reconocimiento oficial no ha sido debidamente dimensionada. El Gobierno acepta que hay zonas del país en las cuales no ejerce jurisdicción: en esos territorios, reina la irresponsabilidad y la arbitrariedad. Reconoce así que, en zonas extendidas del país, no logra cumplir con su deber de garante de la Constitución; y admite que el Estado colombiano no cumple con las obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional.
El gobierno de Duque procura asignar la responsabilidad a las administraciones pasadas. El problema con esta mirada es que la discontinuidad no hace parte de la noción de Estado en el derecho internacional. Este gobierno no puede desmarcarse de su responsabilidad como representante estatal, tanto en relación con asuntos actuales como del pasado.
En su afán de echarle barro al gobierno anterior, quiso pasar por alto que las herencias (buenas y malas) hacen parte de la sucesión de poder en los Estados modernos, y que la situación actual de los territorios sin Estado o con Estado cooptado es ahora su responsabilidad.
En todos los territorios y las situaciones de no-derecho, el Estado incumple con sus funciones básicas: no ejerce el monopolio de la fuerza, es incapaz de hacer cumplir la ley, y falla en su tarea de proporcionar protección y servicios básicos a la población. La ausencia de Estado y la debilidad manifiesta estatal no exculpan de responsabilidad al gobierno nacional; por el contrario, permiten atribuir responsabilidad internacional por hechos violatorios que acontezcan en esos lugares.
Sumidos en una maniobra de exhibir el caos para brindar soluciones portentosas y redentoras, Duque y los encargados del sector seguridad de su administración prometen desplegar (rápidamente) poder y autoridad en todo el territorio. Su propuesta salvadora para conseguir el control militar de las zonas sin Estado y pasar al control institucional se ancla, entre otras, en campañas militares extraídas de la guerra de Afganistán. ¿Será que es ese el modelo de Estado que persiguen?.
