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Ahogado el país en el intenso invierno y en el centralismo opresor, discute el tema de la autonomía fiscal dentro de dos opciones. Una que hace curso en el Congreso de la República y que modifica el Sistema General de Participaciones, para llevar del 25,7% al 39,5% los ingresos corrientes de la Nación a departamentos y municipios. La otra, promovida por los llamados autonomistas fiscales, que la impulsan a través de un referendo que debe superar los dos millones de firmas para que sea norma constitucional. Está liderada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y un Comité Nacional, y busca que las regiones recauden y utilicen los impuestos de renta y patrimonio que se originen en sus territorios. Ha sido tan exitosa la campaña, que ya supera 1.900.000 firmas, ya avaladas por las autoridades competentes.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla –hoy investigado por la Corte Suprema de Justicia, al encontrar pruebas suficientes que lo vinculan a la compra de votos de congresistas, con la contraprestación de darles abundante mermelada a través de contratos oficiales– es el gran opositor a las iniciativas. Su argumento es que ponen en riesgo las finanzas nacionales, ignorando que estas sí que peligran con el manejo clientelista, con tufillo de cohecho, que les está dando a los recursos del Estado.
Algunos exministros de Hacienda consideran inviable la propuesta del Congreso. Y se aterran con el contenido del referendo. Olvidan que la Carta del 91 ordenaba llevar el 46,5% de los ingresos a través del Sistema General de Participaciones a las entidades territoriales, porcentaje que hoy está en un poco más de la mitad, deterioro que ha causado un detrimento en los recursos regionales de 300 billones de pesos, suma que se embolsilló la Nación. Esa concentración ha contribuido, según la Misión de Descentralización, a agravar más la desigualdad que rige en Colombia, originando a que haya “más Estado central que Estado territorial”.
Hoy, del recaudo tributario, 86% queda en la Nación, girándole tan solo el 10% a los municipios y el 4% a los departamentos. Por tal raponazo, Antioquia, en vez de recibir 9 billones de pesos que le corresponderían, recibe 6 billones. Una inequidad e indolencia del sistema centralista que está afectando, entre otros recursos, los que requiere la región para financiar la seguridad, desafío que ha obligado al gobernador Rendón a enfrentarlo –dada la evasión de tal deber que le compete al Estado central– a través del cobro de una pequeña, oportuna, inaplazable y justificada tasa, que no toca los bolsillos de los estratos más bajos de la comunidad.
Desde las regiones hay que reconstruir el tejido nacional, creando las condiciones económicas para redistribuir lo que ordena la Constitución, o generando sus propios ingresos con la definición precisa de las competencias que se les van a redistribuir. Ese argumento de que la iniciativa descentralista solo estimula corrupción y derroche, se desploma al mirar un poder central lleno de escándalos y corruptelas que cada día avergüenzan al país. El centralismo no ha podido llevar la corrupción siquiera “a sus justas proporciones”.
